El sector de la
sanidad privada en España quiere actualizarse, al menos a lo que a sus normativas se refieren, y una de las primeras medidas que ha decidido llevar a cabo es la de sacar del ‘cajón’ su
reglamento específico para profesionales no estatutarios y poder comenzarlo a aplicarlos cuanto antes.
La propuesta, que está liderada por la
Alianza por la Sanidad Privada Española (ASPE), no busca otra cosa que actualizar una normativa del año 84 y que, a día de hoy, no está desarrollada en este ámbito, tal y como explica su secretario general
Carlos Rus, a
Redacción Médica. “En este sector todavía quedan escollos históricos a los que no se les ha dado solución y este es uno de ellos”.
Con esta
renovación normativa, la privada conseguirá sobrepasar tres de los problemas que actualmente tiene, según ASPE. El primero, sobre la incompatibilidad que tiene el profesional sanitario para trabajar simultáneamente entre el sector privado y el público. Según Rus, esto se debe que esta circunstancia sí está regulada a nivel estatal, pero la aplicación es autonómica a través de los diferentes servicios de salud, quienes deciden de qué modo establecerla.
Otra de las cuestiones a abordar sería la
laboralización, o lo que es lo mismo, aplicar un modelo funcionarial para el personal al servicio de las Administraciones Públicas con el que se dote de profesionalidad y estabilidad a las plantillas.
Por último, ASPE quiere implementar este régimen específico para que “la experiencia y la formación de los sanitarios que trabajan en la privada pueda computar en las
Ofertas Públicas de Empleo (OPE)”. De hecho, hasta el momento,
los últimos borradores con los que trabaja el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para poner en marcha la ‘megaOPE’ extraordinaria en sanidad establecen que solo las “instituciones sanitarias privadas acreditadas para la docencia” puedan puntuar en el baremo de la futura OPE, restringiendo así al resto de agentes que componen el sector sanitario.
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