Cristina Alcalá. Madrid
El frente público para salvar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) parece dividirse. Si hace menos de dos meses, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) remitieron dos cartas, una al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y otra al de Sanidad, Alfonso Alonso, pidiendo sus comparecencias urgentes y garantizar los tratamientos sanitarios a los funcionarios, especialmente, a aquellos enfermos de cáncer, ahora las reivindicaciones vienen de una segunda vía, que destaca por tener las mismas características que la primera.
Tres asociaciones de policías, guardias civiles y militares, junto al sindicato Comisiones Obreras, han abierto una nueva vía para pedir al Ministerio de Hacienda que garantice la asistencia sanitaria, una cobertura completa, la calidad de los tratamientos y una reducción en el gasto farmacéutico para este colectivo.
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Gustavo Blanco, director general de Muface.
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En concreto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y CCOO han remitido al departamento que dirige Cristóbal Montoro un informe del análisis de la situación de estos empleados públicos, donde ponen sobre el papel la evolución de las mutualidades desde 2009 a 2013 en base a datos de las memorias de Muface, así como una carta donde le instan a restablecer la situación sanitaria de estos trabajadores a niveles previos a la recesión económica.
De hecho, al final del informe, en el apartado ‘Conclusiones’, los sindicados denuncian la “insuficiente financiación que ha tenido siempre Muface”, una situación que se “ha agudizado por la crisis” por la “asfixia” que le está dando Hacienda. “La asistencia sanitaria se ha convertido en un pozo económico y, por primera vez en la historia, se han recortado ayudas y algunas, incluso, se han suprimido”. Todas ellas aseguran que la merma se debe a la falta de una oferta de empleo público que permita la entrada de nuevos mutualistas; la “voracidad” de las compañías aseguradoras; la edad de los mutualistas y beneficiarios; la supresión del remanente de tesorería de Muface; el incremento del IVA sanitario; así como la mala gestión de los responsables.
Las cuatro organizaciones han expresado sus quejas contra este ministerio en una reciente reunión con el director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), Gustavo Blanco, quien también representaba a Hacienda y que les prometió que estudiaría estas alegaciones para darles una respuesta en la mayor brevedad posible.
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Acceda a la carta dirigida a Montoro por los sindicatos
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