Redacción. Madrid
La sanidad privada, encabezada por la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), ha abierto un frente común contra el Tribunal de Cuentas a consta de las mutuas y de su labor que realizan en salud laboral y así se lo ha hecho saber en un reciente comunicado publicado por la federación.
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Cristina Contel, presidenta de la FNCP, y Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas.
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La pugna entre ambos organismos llega tras la publicación del último informe de este tribunal sobre la gestión y el control que hacen las mutuas de accidente de trabajo en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos, es decir, con los centros y hospitales privados. En este documento, el Tribunal de Cuentas se propone fiscalizar y analizar si los conciertos de asistencia sanitaria concertados se han ejecutado cumpliendo los principios de buena gestión, especialmente tras detectar varias anomalías.
Falta de personal e ineficiente gestión
En concreto, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda señala el incumplimiento de los requisitos que exige el Real Decreto 1630/2011 en materia de formalización de estos conciertos y, en particular, las condiciones que deben reunir las mutuas para poder ejecutarlos y las condiciones económicas que deben exigir. “Las propias mutuas, como regla general, han hecho constar en el expediente de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos que la entidad con la que se concierta cumplía con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, sin que se hayan realizado comprobaciones adiciones tendentes a verificar la efectividad de su cumplimiento”, establece el informe.
Asimismo, este tribunal pone la lupa en las actuaciones de coordinación y tutela de la Seguridad Social sobre las mutuas y sobre la asistencia sanitaria concertada que presta con medios ajenos. En este apartado, la institución lo deja claro: para resolver la mayoría de expedientes remitidos (3 de 25) se tardó 476 días, por lo que “falta personal”. Tanto es así, que “la información estadística procedente de estas mutuas ni se comprobaba ni se analizada”, critica.
La ineficiente gestión económica entre ambas partes (proveedores privados y mutuas) es otra de las razones por las cuales el Tribunal de Cuentas pone el grito en el cielo. Tras su fiscalización, detectaron que “varias mutuas analizadas no se sometieron a la licitación de conciertos que estaban en vigor en 2013”, por lo que las adjudicaciones se hacían “sin garantías ni requisitos legales exigible en la actualidad”.
Pero va más allá. El Tribunal de Cuentas alerta que el abono de cantidades a tanto alzado realizado por las mutuas, independientemente del número de asistencias sanitarias recibidas, no garantizaba los pagos, o lo que es lo mismo “la adjudicación de estos conciertos fue antieconómica”.
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
Es por ello, que en el documento lanza dos recomendaciones: una al Ministerio de Empleo, el organismo regulador de las mutualidades y las bajas por enfermedad profesional, y otra a las propias mutuas. Al primero, le insta a desarrollar el citado Real Decreto 1630/2011, lo que permitiría reforzar las funciones de coordinación y tutela efectivas en esta materia, así como establecer tarifas.
Al segundo, fomentar más la colaboración con la sanidad pública y rescindir los actuales conciertos de asistencia sanitaria (mayoritariamente con la privada) para que “otros nuevos garanticen que su adjudicación esté sometida a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación”.
La privada defiende su ‘parcela’
Ante estas declaraciones de intenciones, la FNCP ha lanzado un comunicado donde defiende la labor de la sanidad privada para con las mutuas a la hora de concertar la asistencia sanitaria de los profesionales que están de baja laboral.
En su escrito, la federación que preside Cristina Contel manifiesta que este informe “perjudica la imagen de la sanidad privada, que relaciona la contratación con centros privados con la pérdida de eficacia y racionalidad”. Aunque reconocen que pueden existir regularidades en este contrato, la FNCP deja bien claro que “nada tiene que ver con la concertación en sí con entidades sanitarias privadas”. “No se deben tolerar las irregularidades en los contratos de concertación y las relaciones entre los distintos proveedores deben ser totalmente transparentes”, reclama este organismo.
En cualquier caso, la FNCP considera que la derivación de pacientes no debe realizarse atendiendo a la titularidad jurídica del centro, sino siguiendo criterios objetivos como la proximidad territorial con el paciente, la coste-efectividad o la calidad asistencial.
Por otra parte, recuerda que las mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales se financian gracias a las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores y que el dinero sobrante de su presupuesto regresa a las arcas de la Seguridad Social, “por lo que un mayor control de estas entidades supondría un beneficio para el conjunto de la sociedad”.
ENLACES RELACIONADOS:
Acceda al informe del Tribunal de Cuentas
Empleo obstruye a la privada en salud laboral (27/10/15)