La intención de incluir
las terapias avanzadas (como las relativas a las CART) en el
próximo concierto de asistencia sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está ‘caldeando’ su negociación, especialmente en lo que respeta a
la financiación que tenga este convenio en los próximos años.
En concreto, el último Consejo General de Muface anunció la intención de
mejorar el concierto de asistencia sanitaria 2022/2023, con
la incorporación de nuevas tecnologías y terapias avanzadas para los mutualistas.
Una noticia bien acogida para el sector de la sanidad privada (partícipe de estos acuerdos a través de las aseguradoras que gestionan los servicios asistenciales de Muface), pero al que le ponen una condición:
la inclusión de las nuevas terapias debe ir de la mano de una mejora en la financiación del convenio sanitario.
De hecho, la petición de la financiación adecuada se lleva reclamando desde hace años, exigiendo que
la subida de la prima del concierto deje de estar fijada a dos años (como hasta ahora), sino que sea
anual y ‘revisable’, especialmente, si acontecen escenarios adversos como la actual pandemia del Covid-19.
“Desde la privada
no queremos renunciar a la calidad del concierto y queremos tener todas las prestaciones que ya incluye la sanidad pública, pero
tiene que haber una financiación suficiente, porque sino el diferencial entre la prima de la pública y la privada estará cada vez más alejada”, explican a
Redacción Médica fuentes del sector cercanas a este proceso.
El 'músculo' de la privada en las prestaciones sanitarias
Estas mismas voces aseguran que, en los últimos años, el convenio sanitario ha ido sumando las nuevas terapias y tecnologías de alta resolución, como ha sido el caso del robot Da Vinci. “Pero
no se puede incluir nuevas prestaciones sin mejorarles la financiación. La sanidad va avanzando y, con ella, sus tratamientos; y el sector privado ha demostrado que tiene músculo para hacer frente a su inclusión, no solo con estas terapias”.
No hay que olvidar que las terapias avanzadas (entre ellas, las CART) están
incluidas en la sanidad pública desde el 2019, año en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas llegaron a
un “acuerdo histórico” (tal y como lo calificó en su momento la ministra de Sanidad,
María Luisa Carcedo) para su administración.
Este procedimiento establece la necesidad de evaluación previa por el Comité de Expertos Nacional del Ministerio de Sanidad que valora los expedientes de los pacientes susceptibles de recibir este tratamiento financiado por el SNS,
tanto para las comunidades autónomas como para las
tres mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas).
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