El gasto derivado de la
atención sanitaria por Covid-19 a beneficiarios de
Muface en hospitales públicos debe asumirlo las comunidades autónomas y no las aseguradoras o la mutualidad. Esta es la principal conclusión del informe que la
Abogacía General del Estado ha remitido a la entidad que dirige Myriam Pallarés, según explican fuentes de toda solvencia a
Redacción Médica.
Este escrito (que no es definitivo y se basa solo en una recomendación de la Abogacía General del Estado) fue emitido a solicitud del Ministerio de Política Territorial y surge después de que
los hospitales públicos hayan reclamado a la mutualidad y a las aseguradoras los gastos derivados de la atención a pacientes con coronavirus tras la pandemia.
Sin embargo, estos gastos corresponden a servicios asistenciales que no cubre el
concierto originalmente firmado por Muface con Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria para el periodo 2020-2021, sino a una asistencia sanitaria provocada por un hecho extraordinario como es la crisis del Covid-19, aseveran estas mismas fuentes.
Las 3 razones para que el coste lo asuman las CCAA
En el informe, la Abogacía General del Estado esgrime hasta
tres razones para afirmar que la ‘factura’ por atender en hospitales públicos a mutualistas con seguro privado en estas circunstancias debe asumirla solamente las CCAA, y nadie más.
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Este informe se basa en una recomendación de la Abogacía General del Estado y fue emitido a solicitud del Gobierno
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La primera de ellas, según detallan estas fuentes, es que
“estos pacientes fueron remitidos a hospitales públicos porque así lo indicaron las autoridades sanitarias”. En concreto, tras estallar la crisis sanitaria, las comunidades establecieron en un primer momento que
toda aquella persona con sintomatología Covid-19 que acudiese a centros privados debía ser transferido automáticamente a hospitales públicos. “Se trató de un protocolo impuesto por las autoridades sanitarias y, aunque las aseguradoras hubieran querido atender a sus asegurados en los centros que tienen adscritos, no hubieran podido”, aseguran.
El segundo razonamiento explica que, en cualquier circunstancia,
la vigilancia epidemiológica de la población se considera un asunto de salud pública, por lo que esta cuestión queda excluida del concierto de Muface con las aseguradoras. O lo que es lo mismo,
las entidades colaboradoras no están obligadas a dar una atención sanitaria relacionada con esta cuestión porque el contrato con la Administración no les obliga a ello.
Y, finalmente, para recomendar que sean las CCAA quienes asuman este gasto ‘extra’, la Abogacía del Estado recuerda que el Gobierno aprobó en junio la creación de un
Fondo Covid-19 dotado con 16.000 millones de euros, con el objetivo de
transferir esta cuantía a las autonomías para hacer frente a la pandemia. “Ese dinero no fue ni a Muface ni a las aseguradoras, sino las comunidades autónomas, por lo que son ellas las que tienen que asumir esos gastos de la atención por coronavirus, según la Abogacía General del Estado”, manifiestan.
Con todo ello, dicho informe respaldaría la posición de que
no proceden las reclamaciones económicas por asistencias por Covid-19 en centros públicos a mutualistas, siempre que se hayan producido por actuaciones de salud pública -de competencia exclusiva de las administraciones sanitarias competentes- y no por decisión de la entidad o el paciente,
pese a existir medios concertados disponibles, explican estas mismas voces a este medio.
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