El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta, a propuesta de los Ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales, la
reforma del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar como causa automática de
despido de trabajadores de la sanidad privada el reconocimiento de la
incapacidad permanente.
Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, que ha destacado que la norma recoge el acuerdo alcanzado con el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La modificación del artículo 49.1. del
Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática por Invalidez,
incapacidad permanente absoluta e
incapacidad permanente temporal, separando con ello estas
causas de la muerte de la persona trabajadora. "La Incapacidad Permanente no ha de suponer la muerte civil y laboral de la persona trabajadora", ha añadido.
La posibilidad de
extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa,
se condiciona a la voluntad de la persona que trabaje en la sanidad privada o con contrato de personal laboral que podrá solicitar la adaptación del puesto de trabajo o el
cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un
coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el
volumen de negocio de la empresa.
Formación en prevención de riesgos laborales
El Ministerio ha destacado que la norma también se refiere a la posibilidad de que las personas trabajadoras requieran
formación en prevención de riesgos laborales para su nueva situación.
"Esta medida supone un nuevo blindaje de los derechos de las personas con discapacidad y permitirá alinear nuestro marco laboral a los mandatos de la
Convención de Discapacidad —incide el Gobierno—. El objetivo es ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando una discriminación como la que suponía el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad, priorizando opciones como la adaptación del empleo o el pase a otras funciones".
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