Alrededor de 300 agentes de la
Policía Nacional registran
23 clínicas de iDental -cuatro de ellas en la
Comunitad Valenciana- en 21 provincias para incautarse de
equipos informáticos,
recopilar pruebas para devolvérselas a los
pacientes afectados y elaborar un inventario de activos.
Fuentes policiales han informado deque la operación
Apolonia, puesta en marcha por orden del
juzgado de instrucción número 5 de Madrid, afecta a 23 clínicas:
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, València, Albacete, Alicante, Elche (Alicante), Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas.En el interior de estas clínicas, la Policía intervendrá equipos informáticos que albergan expedientes médicos de los afectados tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que pueden recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y, en su caso, denunciar su situación.
En el marco de estos registros, la
Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la
Policía Nacional ha enviado un
perito dentista, designado por el
Consejo General de Dentistas de España, a la
sede principal de la cadena de clínicas de iDental de la Comunidad de Madrid (en la localidad de
Rivas) para cuantificar materiales y aparatología, por orden de la
Audiencia Nacional, tal y como ha podido saber
Redacción Médica. La cadena está siendo investigada por delitos de
administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
El objetivo de este nuevo registro es hacer acopio de
más pruebas en el marco de la operación por un presunto fraude a decena de miles de personas. El
juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ordenó en agosto el registro de
19 oficinas de iDental en ocho comunidades autónomas, entre ellas esta sede madrileña.
El
magistrado asumió este verano la investigación del presunto fraude masivo de la clínica 'low cost' iDental después de que al menos 11 juzgados se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las decenas miles de personas perjudicadas.
El funcionamiento de estas clínicas
Según la Policía, el funcionamiento diario de las clínicas consistía en ofertar
tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en
supuestas subvenciones. El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de
captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante
créditos al consumo.El precio de los tratamientos era financiado por entidades de crédito actuando iDental como intermediario y siendo beneficiario directo de los fondos, quedando el cliente como deudor de la entidad financiera, mientras que IDental quedaba libre de cualquier responsabilidad fuera del tratamiento.
Para captar clientes, la sociedad usaba
técnicas muy agresivas de marketing bajando drásticamente los precios iniciales.Una vez que iDental cobraba el total de lo financiado, y el cliente comenzaba a pagar las cuotas, las denuncias de perjudicados señalan que, o bien no se iniciaba el tratamiento con disculpas y anulaciones de citas, o se iniciaban los mismos siguiendo múltiples denuncias de mala praxis.
El objetivo de las dilaciones era que venciese el periodo estipulado para que el cliente pudiese rechazar el tratamiento y su financiación y cuando éste pide la anulación de la financiación y el reintegro del dinero, los responsables evitan acudir a las citas. Otros clientes sufrieron lesiones por tratamientos inadecuados con materiales de mala calidad o carencia de los mismos y también se ha denunciado que el
personal era no cualificado y sin experiencia, y se produjeron amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de iDental.
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