Unos
345.000 funcionarios adscritos a las tres
mutualidades de la Administración General del Estado y que han optado por recibir asistencia sanitaria por medios públicos serán
integrados en los sistemas de información de receta electrónica autonómicos, tal y como
adelantó la semana pasada Redacción Médica.
La decisión, aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, supone un paso trascendental en el proyecto de receta electrónica impulsado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), cuyo objetivo es su total implantación, tanto en el ámbito público como en el privado,
a lo largo de 2019 y 2020.
Con esta medida, los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas quedan
equiparados con el resto de beneficiarios de la sanidad pública en cada comunidad, y supone la eliminación de los talonarios de papel, la mejora de la calidad asistencial y la agilización del tiempo en consulta. También
reducirá de forma significativa los desplazamientos al centro de salud, especialmente en los casos de tratamientos crónicos.
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Las mutualidades y CCAA disponen de 6 semanas para constituir los grupos de trabajo que concreten las condiciones de aplicación
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Eliminación de los talonarios
Para la Muface, el acuerdo, además de suponer un
considerable ahorro en la gestión de los talonarios, permitirá realizar un control más riguroso sobre las desviaciones del consumo e incrementará la seguridad clínica, favoreciendo la prescripción por principio activo.
La implantación de la receta electrónica interoperable, que sustituye al formato tradicional de papel, ya ha supuesto para las comunidades autónomas
un ahorro de 253 millones de euros. Con la ampliación de su utilización al colectivo de funcionarios, ese ahorro se verá incrementado.
Plazos
Mutualidades y comunidades autónomas disponen ahora de
un plazo de seis semanas para constituir los grupos de trabajo que deberán concretar las condiciones de aplicación del acuerdo. Una vez consensuadas y definidas las acciones a desarrollar, las mutualidades suscribirán con cada comunidad autónoma y el Ingesa el convenio de colaboración que formalice la extensión efectiva del sistema público de receta electrónica a los mutualistas.
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