La incertidumbre reina entre los mutualistas de Muface.
La crisis que está viviendo la situación financiera del concierto sanitario afecta a cerca de 1,5 millones de funcionarios en España. Por su pensamiento han pasado los distintos escenarios posibles.
El fin de Muface. El acuerdo final entre el Gobierno y las aseguradoras. La posibilidad de pasarse a la seguridad social. O hacerlo con un seguro privado. Y, sobre todo, un temor: la idea del futuro
colapso de la sanidad si Asisa, Adeslas y DKV, las entidades del concierto, y el Ejecutivo, no llegan a un acuerdo antes del 31 de diciembre.
María José Campillo está nerviosa. Preocupada. Lo cuenta por teléfono desde su casa en Talavera de la Reina (Toledo). Ha sido funcionaria y mutualista (ahora jubilada, pero sigue en el concierto) desde 1979. “Han pasado 47 años y, aunque ahora no trabaje, sigo usando los mismos servicios”, asegura. Su historial clínico es extenso: entre otros, hace 10 años sufrió un ictus y ahora está pasando por un cáncer.
Esta talaverana tiene una fecha clave marcada en su calendario:
diciembre. Es entonces cuando va a hacerse distintas pruebas clínicas para la enfermedad que ahora padece.
La misma que tienen Gobierno y aseguradoras para llegar a un acuerdo. “No sé qué va a pasar. Todo mi historial está en Madrid. Me llevan allí. Mi situación médica es muy complicada como para pasarla ahora a un seguro privado o a la sanidad pública”, explica.
- ¿Se ha planteado qué va a hacer si las aseguradoras no aceptan la propuesta del 17% de Muface?
- No. Solo confío en que para cuando acabe el plazo [el 31 de diciembre] puedan llegar a un acuerdo.
Pacientes con distintos problemas médicos, mutualistas desde hace años, jubilados… Son el
perfil arquetípico de los funcionarios que forman parte de la mutualidad. Y la mayoría de ellos, como Campillo, profesores.
“Por los problemas de mi madre, decidí ser beneficiaria de Muface con ella”, recuerda su hija María Pulido. Hace apenas un año, recién cumplidos los 36, Pulido dio un giro en su vida y se hizo funcionaria. Siguió el camino de su madre: ser profesora. Continuó en la mutualidad, esta vez por su cuenta. No quería desvincularse de los problemas clínicos de su madre.
Pulido tiene claro que sí las aseguradoras y el Gobierno no llegan a un acuerdo antes de diciembre ella optaría por la sanidad pública. Pero subraya que este cambio, para mutualistas como su madre, “puede conllevar muchísimos problemas”. Además, en su caso concreto, de inscribirse en un seguro privado, éste revisaría el extenso historial médico de Campillo, que incumpliría con la mayoría de los requisitos que suelen solicitar las aseguradoras.
Las negociaciones entre Asisa, Adeslas y DKV y el Gobierno se remontan a varios meses atrás. A principios de verano la dirección de Muface deslizó que el porcentaje de aumento de la prima presupuestaria para el periodo 2025-2026 rondaría el 24%. La semana pasada,
el Gobierno propuso que ésta fuese del 14 por ciento, una cifra que disgustó a las aseguradoras, que solicitaban un 40 por ciento.
Las tres entidades se negaron a aceptar esa oferta. Por eso, el Ministerio para la Función Pública, encargado de este asunto,
aumentó la oferta hasta un 17,2 por ciento, la prima que más ha subido a lo largo de la historia de Muface. Este aumento del monto del presupuesto, además, fue aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Pero hasta el momento las aseguradoras no se han pronunciado sobre esta nueva propuesta.
El vaivén de las negociaciones deja en vilo el futuro sanitario deja en vilo a más de un millón de funcionarios, la mayor parte de ellos profesores. Otra de las tantas afectadas es Elena Gómez, cántabra de 25 años. Al igual que Pulido, empezó siendo beneficiaria de la mutualidad desde muy joven por sus padres, también funcionarios. “Si las negociaciones no siguen adelante,
si Muface desaparece, lo más seguro es que pague un seguro privado”, declara.
- ¿Qué cree que ocurrirá en los próximos días?
- Es inviable que el sistema acoja a tantos mutualistas de golpe. La sanidad pública corre riesgo de acabar colapsando.
En este momento se pueden dar múltiples escenarios. El más temido tanto por los funcionarios como por los sindicatos es aquel en el que las aseguradoras se nieguen a la oferta del Gobierno. Ese en el que ni una parte ni la otra llegan a un acuerdo para la renovación del presupuesto del concierto. Ese en el que Muface muere.
Mariano González Clavero (Valladolid, 50 años) vive en el mismo limbo que sus compañeras en este reportaje. Las dos últimas décadas las ha dedicado a la enseñanza.
Él, aunque confía en que las aseguradoras y el Gobierno puedan llegar a un acuerdo, tiene claro cuáles serían los siguientes pasos que deberían dar el millón y medio de funcionarios adscritos a la mutualidad. “Habría que plantearse contratar algún seguro médico, dado que volcar de repente más de un millón y medio de personas en el sistema de salud pública sería realmente abocarla al colapso total”, señala. Esa deriva de los funcionarios al sistema privado, dice, facilitaría que los trabajadores pudiesen combinar su horario con la asistencia los servicios médicos.
Los mutualistas pagan 51,68 euros de sus impuestos mensuales a Muface. Un total de 620,26 euros año. Una cifra que, aseguran los encuestados para este reportaje, no es excesivamente alta.
La negociación, y con ella el futuro sanitario de 1,5 millones de mutualista, sigue su curso. Por el momento,
como ha podido saber Redacción Médica, todas las aseguradoras no contemplan un escenario en el que no haya acuerdo antes del 31 de diciembre. A pesar de ello, en lo que sí coinciden es en que está subida no es suficiente, aunque reconocen el “esfuerzo” del Gobierno en el nuevo monto de la prima.
La decisión de Asisa, Adeslas y DKV marcará el futuro de Muface. Y con él el de los funcionarios adscritos a la mutualidad. Mientras, una sombra de incertidumbre e inquietud se cierne sobre los mutualistas, que ya ponen -aquellos que pueden- posibles soluciones sobre la mesa para evitar la congestión del sistema de salud público si Muface muere. Y coinciden: la asistencia sanitaria tiene que estar por encima de cualquier acuerdo.
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