Las pymes sanitarias se llevan la peor parte de la 'tormenta' inflacionista

Las clínicas privadas y las compañías de tecnología sanitaria sufren la escalada de precios desde el año que comenzó la pandemia. Un impacto que, lejos de contenerse en estos dos últimos años, se ha visto incrementado por la inflación que afecta a Europa desde hace varios meses. Aunque la situación negativa afecta a todo el sector sanitario, son las pequeñas empresas, aquellas que carecen del músculo de una multinacional, las más afectadas.

Entre las empresas perjudicadas, se encuentran algunos centros privados que ven cómo poco a poco van perdiendo pacientes mientras el importe de sus facturas no deja de ascender, así como pequeñas firmas de tecnología médica que cada día hacen un esfuerzo por garantizar la calidad del suministro a clientes y usuarios.

Según han señalado fuentes conocedoras de la situación a Redacción Médica, "los costes operacionales han subido desde el año 2020, cuando por culpa de la situación sanitaria provocada por el Covid-19, los precios de los productos desechables -como guantes, mascarillas o batas- aumentaron su precio en tres o cuatro veces". Una dinámica que, como apuntan desde el ámbito privado, no se ha revertido, pues los precios no han vuelto a ser los mismos que los fijados en pre-pandemia.

"Tras la crisis que ha provocado la pandemia ha habido un incremento acelerado de la demanda de ciertas materias primas y productos terminados que ha estado provocando disrupciones en los suministros de muchas de ellas", coinciden también en el sector tecnológico. "La aceleración de subidas registradas según el tipo de materia prima se sitúa entre el 80% y el 120 por ciento, según el tipo de producto frente al año 2020.  En el caso de la energía eléctrica del 335 por ciento, y en el del transporte del 12 por ciento en el mismo periodo", concretan.

Por otro lado, ambas partes lamentan que el número de proveedores se haya reducido o que haya sido necesario negociar con ellos un cambio en los precios. "Algunos de los proveedores con mejores precios no han sido capaces de aguantar esta situación, por lo que se ha reducido la oferta a unas pocas empresas que ahora mantienen unos precios más elevados", explican. Y con aquellos que todavía continúan en el mercado se ha trabajado con "bastante dificultad" para una modificación en las tarifas fijadas: "En su mayoría se ven ligados a índices que no son negociables, por lo que impactan directamente en el precio de compra".

Impacto de la crisis energética en los costes

Una realidad que se complica aún más al tener en cuenta la crisis energética: "Por si esto fuera poco, ahora tenemos que asumir la escalada en el precio de la electricidad mientras seguimos cumpliendo con el pago de impuestos, salarios, etc.", detallan desde la clínica.

Algo que, además, no se compensa con la llegada de nuevos usuarios. Según trasladan desde esta pequeña clínica, la inflación también ha repercutido negativamente en el poder adquisitivo de sus pacientes y, por lo tanto, "acuden menos a consulta". "Incluso hemos perdido algunos profesionales que se han marchado a trabajar a Dubái porque han recibido ofertas de trabajo más atractivas", añaden.

La misma situación se repite en la otra empresa, donde podrían llegar a asumir también el impacto energético de algunos proveedores de materias primas y materiales en sus propias facturas: "Nos estamos encontrando que inclusive algunos de ellos intentan trasladarnos los sobrecostes energéticos que están sufriendo en sus procesos productivos o pretenden incorporar nuevas cláusulas a nuestros contratos".

Con todo, desde el ámbito privado afirman que, a pesar de los obstáculos que ha supuesto este nuevo contexto, los precios finales no han sufrido variación alguna: "Hemos tenido que asumir el incremento de los costes sin apenas repercutirlo al paciente".

Clínicas privadas y compañías tecnológicas sanitarias buscan cómo adaptarse al nuevo contexto económico para no aumentar los precios

Mientras, en el sector tecnológico advierten de que ellos han analizado con sus clientes la posibilidad de incrementar los precios de compra de sus productos "con un éxito razonable en determinados canales". "En otros casos, sobre todo en el ámbito público, esto no ha sido posible", reconocen. "La idiosincrasia de este sector, que se rige bien por concursos públicos, o bien por precios fijos de reembolso, es la falta de flexibilidad para adaptar los precios al momento actual de mercado, con una inflación galopante que tiene que ser absorbida en su gran mayoría por el fabricante", critican.

"También estamos manteniendo conversaciones con empresas de transporte de cara a minimizar las alzas en los costes por estos servicios", avanzan por otra parte. Asimismo, declaran que a nivel interno se han centrado en la "búsqueda de oportunidades de mejoras de eficiencia en procesos productivos, en la priorización de inversiones estratégicas y en optimizar el capital circulante, entre otras medidas".

Medidas imaginativas y indexación de contratos públicos

"La inflación es un mal general en cualquier actividad económica pero aún más en el sector hospitalario porque nuestros costes son altamente sensibles a las subidas salariales, a las subidas en los precios de los suministros, de los carburantes, de los seguros de responsabilidad civil, etc.", ha manifestado la Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) en declaraciones anteriores a este periódico.

Preguntados sobre qué estrategia proponen para combatir la inflación, han planteado medidas imaginativas, de ahorro y de eficiencia energética que ayuden a amortiguar estas subidas. De este modo, advirtieron sobre la necesidad de "dar visibilidad a la enorme inestabilidad que afrontamos desde el sector y buscar palancas de colaboración con entidades del sector privado y público que nos permitan hacer una gestión más eficiente de los cada vez más escasos recursos".

Sin embargo, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) propone establecer mecanismos de indexación en los contratos públicos para contrarrestar los efectos de esta crisis y consolidar la viabilidad de los suministros. "Es una medida clara, prioritaria y urgente que aseguraría el equilibrio económico-financiero de los contratos para garantizar así la viabilidad de los suministros de productos de primera necesidad, como son los productos y servicios sanitarios", ha determinado.