La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha pedido a Mariano Rajoy un pronunciamiento a favor del papel que la sanidad privada y de la concertada juegan en el sistema sanitario. En referencia a unas declaraciones realizadas por el presidente en funciones durante una visita a Valencia en las que señala que la educación concertada representa el 25 por ciento, ASPE señala “la gran importancia de la educación y apoyamos su defensa de la libertad educativa, aunque nos gustaría recibir el mismo apoyo para un sector”.
En este sentido, la alianza ha recordado que “la sanidad privada es una parte muy importante del sistema nacional de salud, esencial para su sostenibilidad y correcto funcionamiento y da empleo a más de 250.000 personas en nuestro país”.
Según apunta ASPE “el gasto sanitario privado representa aproximadamente un 30% del gasto sanitario total y un 2,5% del PIB que proviene del gasto sanitario proviene del gasto directo de los ciudadanos o de los seguros privados de salud”. Es decir, “que hay 8 millones de personas que poseen un doble aseguramiento y, por tanto, no consumen o consumen en menor medida recursos de la sanidad pública, lo que supone un ahorro para el sistema público de más de 1.000 euros por persona al año”.
Además, recalca que “si a esta cantidad añadimos que los conciertos entre la sanidad pública y la privada representan el 11,6% del gasto público y un 0,7% del PIB, obtenemos que el gasto total en provisión privada representa el 3,2% del PIB, que supone aproximadamente 33.797 millones de euros”.
Por último, hace una defensa de los conciertos y el resto de formas de colaboración público-privada, que “son fórmulas eficaces y necesarias para mantener la accesibilidad de los ciudadanos a la sanidad, reducir las listas de espera y controlar el gasto sanitario”. ASPE pone como ejemplo el modelo MUFACE, “gracias al que más de un 85% de los funcionarios pueden elegir y eligen la asistencia sanitaria privada”.
Por último, recuerda que “la salud, al igual que la educación, es un derecho constitucionalmente reconocido que debería protegerse y garantizarse para todos los ciudadanos, sin interferencias políticas ni prejuicios ideológicos, sino dando prioridad a las necesidades de la sociedad actual y cuestiones como la calidad asistencial, a la libertad de elección del paciente o la accesibilidad y equidad del sistema, por encima de la titularidad del proveedor de los servicios”.
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