La sanidad privada, "excluida" de la Comisión de Reconstrucción

La sanidad privada, que supone el 3,4% del PIB español, y que da empleo a más de 266.000 profesionales de forma directa, solicitó a través de ASPE, la patronal que agrupa al 80% del sector, su incorporación y participación en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica por entender su papel como fundamental en la batalla contra la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

"Los centros hospitalarios privados han asumido y asumen la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de Covid-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes en UCI llegando a duplicar estas unidades en zonas como Madrid y Barcelona", explican desde ASPE.

"Y todo ello con una colaboración total y absoluta desde la declaración del Estado de Alarma, permaneciendo a plena disposición tanto del Ministerio de Sanidad como de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la decisión del Congreso es que la sanidad privada no participe en dicha Comisión constituida por el Congreso de los Diputados", aclaran.

La patronal del sector sanitario privado, ASPE, recuerda que esta disposición de los recursos "se ha facilitado desde antes de que se declarara el Estado de Alarma mediante una interlocución constante con las autoridades sanitarias, poniendo a su disposición todos sus recursos humanos, materiales, instalaciones, inventarios, etc".

Cabe destacar que la sanidad privada "ha vivido tres escenarios muy distintos: en primer lugar, se han encontrado los centros que han vivido la pandemia al 150% de su capacidad; asimismo en otras zonas se les ha utilizado como circuito limpio para que la red pública atendiera a los pacientes infectados; y por último, en aquellos territorios en los que la incidencia de infectados ha sido muy baja, la sanidad privada solo ha atendido pacientes Covid por derivación de las mutuas y aseguradoras sin que fuera necesaria la derivación por parte de los centros públicos".

Sin embargo, todas ellas tienen un denominador común, "la desprogramación asistencial no urgente o preferente generando por consiguiente que la facturación de estos centros haya caído por encima del 85% durante los meses centrales de la crisis".

La incertidumbre frena la actividad de la privada

En cuanto a la vuelta a la actividad, la mayoría de las comunidades autónomas han retomado su asistencia ambulatoria y las cirugías programadas, aunque "su actividad global no supera el 30-40% en el grueso de los territorios por la incertidumbre de los pacientes de si reprogramar su consulta". No obstante, se ha implantado "la diferenciación de circuitos para garantizar espacios seguros que eviten las aglomeraciones y faciliten el distanciamiento social recomendado. La mayoría de los centros hospitalarios privados se hallan en estos momentos sin atención a pacientes Covid".

En este contexto, y de cara a un posible rebrote en otoño,  la patronal  considera fundamental "su participación en la Comisión de Reconstrucción, en la que entiende que se han de abordar desde la forma de actuar ante un nuevo rebrote hasta la reconstrucción de un sector de gran peso económico que se ha visto especialmente afectado por la crisis, ya que la declaración de servicio esencial - manteniendo por ello todas sus estructuras en funcionamiento de forma responsable-, la imposibilidad de aplicar medidas de reorganización laboral y la desprogramación de la actividad salvo aquella de carácter urgente y preferente hacen a este sector único en cuanto a afectación económica.

Cuatro medidas adoptadas: "Escasas e insuficientes"

Para Carlos Rus, presidente de ASPE, “la sanidad privada asume una contingencia de enorme calado ante el riesgo de que las autoridades no reconozcan su participación y ayuden en el sustento económico de los centros, tanto aquellos que han tenido una participación activa en la lucha contra el Covid-19, como aquellos que han puesto sus recursos a disposición de las administraciones”.

Para ASPE, "las escasas medidas adoptadas hasta el momento resultan del todo insuficientes":

• El IVA al 0% para compra de recursos esenciales llegó 60 días después del comienzo de la crisis y de los problemas de aprovisionamiento y encarecimiento de precios, motivo por el que ASPE ha solicitado enmienda en trámite parlamentario para que tenga efecto retroactivo a principios de año. Aún así, se reivindica que el tipo de IVA sanitario general debe ser del 4%.
• La posibilidad de realizar ERTES para centros de carácter esencial llega igualmente con más de 40 días de confinamiento y solo por fuerza mayor, lo que provoca que, finalizado el Estado de Alarma, tendrán que cesar su aplicación entendiendo que éste finalizará relativamente pronto, por lo que carece de sentido su aplicación para muchas de las empresas del sector.
• Una última cuestión son los créditos ICO, dirigidos a empresas solventes, situación de la que muchas de las empresas del sector ya no gozan.
• Otra de las enmiendas presentadas por ASPE a la Normativa que se tramita en el Congreso es la aprobación de un plan específico de medidas fiscales y económicas para ayudar al sector ante los problemas de solvencia en el que se encuentra.

El Gobierno destinará 10.000 millones de euros a cubrir el gasto sanitario de las comunidades, de los cuales 6.000 millones se pagarán a corto plazo y los otros 4.000 millones en el segundo semestre del año. El fondo se encuentra pendiente de aprobación por real decreto donde se establecerán los criterios de reparto.

Contactos con las comunidades autónomas

En este sentido, y una vez se conozcan esos criterios, ASPE solicita a las CCAA "que parte de estos fondos se dediquen a la compensación por la actividad de la sanidad privada en la pandemia, así como por la puesta a disposición de todos sus recursos". Para ello, ASPE y sus asociaciones territoriales, "iniciarán contactos con las Consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas".

Carlos Rus considera que “este país y sus gobiernos autonómicos no deben desamparar a las empresas que lo han dado todo cuando así ha sido necesario. No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleos deban pagar un castigo inmerecido cuando de facto han dado un servicio público, que debe ser respaldado con medidas que favorezcan nuestra supervivencia y no poner así en riesgo la continuidad asistencial de los hospitales en primera línea de lucha en la pandemia, así como del resto de centros sanitarios”.