La privada catalana lamenta una ley "diseñada para otros territorios"

La Ley de Gestión Pública continúa acaparando críticas de la sanidad privada. La norma, que pretende blindar la gestión pública como uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha recibido su ‘segundo aprobado’ en el Consejo de Ministros. El texto ya encara su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y, entre tanto, el sector privado ya ha reaccionado, y rechazado, una legislación que “cuestiona la legitimidad de los centros concertados” y que puede “penalizar” un modelo basado en la red de utilización pública de titularidad diversa.

Las principales organizaciones de la sanidad privada ya han emitido un primer análisis. Desde "Ley Antisanidad privada” hasta un “ataque frontal” contra la colaboración público-privada, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Fundación IDIS han mostrado sus reacciones a la norma. Y ahora es la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) la que apunta que el “riesgo” de la Ley de Gestión Pública reside “en los efectos indirectos sonre la organización del sistema”.

El modelo catalán y la amenaza de la Ley de Gestión Pública

“En Cataluña, donde contamos con una red sanitaria concertada plenamente integrada en el sistema público, cualquier incertidumbre sobre los mecanismos de colaboración afecta directamente a la planificación de recursos y a la estabilidad de los centros”, especifica la patronal. 

"Tratar la sanidad pública y privada como compartimentos estancos no refleja la realidad del modelo catalán"

Bajo la dirección general de Anna Zarzosa, el organismo sanitario privado detalla a Redacción Médica los principales efectos que va a tener esta norma para la sanidad privada. Son sin antes hacer un apunte sobre la ‘excepción’ que rige a la comunidad autónoma. “Conviene recordar que gran parte de los profesionales que atienden a pacientes públicos en Cataluña lo hacen desde entidades del SISCAT (fundaciones, consorcios y centros privados)”, remarca ACES.

Por ello, en sus palabras, “tratar la sanidad pública y privada como compartimentos estancos no solo es un error conceptual, sino que no refleja la realidad del modelo asistencial catalán”.

Las preocupaciones de la Associació Catalana d'Entitats de Salut van en la misma línea de las que ya han expresado ASPE y la Fundación IDIS. En este sentido, Zarzosa destaca que su principal inquietud “es la generación de ruido político que cuestione la legitimidad de los centros concertados o privados integrados”.

“En un momento de máxima tensión asistencial, el sistema necesita mensajes de estabilidad, seguridad institucional y suma de capacidades, no relatos que generen desconfianza en un modelo de colaboración que es, hoy por hoy, imprescindible para la fidelización del talento”, añade la directora general.

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública, cuyos detalles desglosó este periódico a mediados de febrero, obtuvo varias alegaciones por parte de grupos hospitalarios, comunidades autónomas y organizaciones del sector. La Associació Catalana d'Entitats de Salut fue una de las que envió sus alegatos.

"Cataluña no se basa en excepciones administrativas"

Por el momento, y a la espera de conocer el documento final en esta ‘segunda vuelta’ en el Consejo de Ministros, las entidades desconocen el contenido del Proyecto de Ley de Gestión Pública. Lo que sí parecen tener claro, y entre ellas ACES, es que “el alcance real se definirá durante la tramitación parlamentaria”. Es ahí donde Zarzosa augura que “el texto evolucione”.

“Es imperativo diferenciar los modelos de concesión integral de otras comunidades de la especificidad del modelo catalán, basado históricamente en una red de utilización pública de titularidad diversa”, subraya la directora general. A la par, recuerda que “Cataluña no se basa en excepciones administrativas, sino en un modelo de concertación consolidado y eficiente desde hace décadas”.

Esa diferencia entre los modelos vigentes en las distintas comunidades autónomas es una de las inquietudes que Zarzosa menciona a Redacción Médica. “Nuestra preocupación es que una regulación diseñada para 'corregir' experiencias puntuales en otros territorios acabe penalizando, de forma colateral, un modelo catalán que garantiza proximidad y excelencia”, recalca.

"La clave será el respeto a la seguridad jurídica y a las competencias organizativas"

Y aquí llega esa idea compartida con la Alianza de la Sanidad Privada Española y la Fundación IDIS. Los tres organismos parecen coincidir en que esta Ley de Gestión Pública trae consigo una “limitación” a las competencias de las comunidades autónomas a la hora de organizar y gestionar los convenios en materia sanitaria.

La solución, en el caso de la Associació Catalana d'Entitats de Salut, parece clara. “La clave será el respeto a la seguridad jurídica y a las competencias organizativas de las comunidades autónomas para preservar modelos que, como el nuestro, funcionan y son fundamentales para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, revela su directora general.

El futuro de la Ley de Gestión Pública

¿Y qué pasará con el futuro? La Ley de Gestión Pública ya encara su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. No obstante, ACES confía a este periódico que no cree que vaya a tener recorrido en la Cámara Baja. “Confiamos en las formaciones que no están ideologizadas ni cautivas para mantenerse en el poder, a cambio de vehiculizar un voto populista y estatista”, suma Zarzosa.

La vista está puesta, por lo tanto, en los grupos parlamentarios. Es ahí donde se anticipa una intensa batalla parlamentaria que, como resumió este periódico, no parece contar con los apoyos necesarios tras la segunda ‘luz verde’ en el Consejo de Ministros. Por un lado, el PP ha acusado a Moncloa de “criminalizar” la colaboración público-privada; y Vox ha defendido este modelo mixto considerándolo “eficaz y eficiente”.

El otro grupo que se ha sumado a estas críticas ha sido Junts. De hecho, sus votos resultan decisivos para que esta Ley de Gestión Pública pueda salir adelante. Y fue el propio partido el que reprochó a la ministra de Sanidad, Mónica García, que el modelo catalán de conciertos, la ‘joya de la corona’ sanitara de Cataluña, podría verse amenazado.

La que ya es una de las grandes propuestas sanitarias del departamento de García allana su camino hacia el Congreso. Es ahí donde le espera el paso final para que el Ministerio de Sanidad pueda cumplir su apuesta. Limitar la gestión privada del Sistema Nacional de Salud (SNS). Aunque aún quedan varios pasos por dar, y lo cierto es que el sector de la sanidad privada ya ha reaccionado, rechazado y detallado los efectos de esta norma.