Los proveedores de la salud han denunciado un coste adicional de 387 millones de euros por parte del sistema sanitario público debido al IVA aplicado al sector con el cambio de año. El Círculo de la Sanidad se remite al propio Ministerio de Hacienda para justificar el dato y aprovecha, en un informe reciente, para reclamar que el gobierno suprima la tasa.
En efecto, la aplicación del IVA sanitario en los primeros meses del año ha encarecido un 70 por ciento el material sanitario de uso frecuente como, por ejemplo, las gasas, agujas, jeringuillas, catéteres y sondas. Y, de forma indirecta, el impuesto ha originado un aumento del coste de la atención sanitaria que presta tanto el sistema público como los centros privados.
En este sentido, la Comisión comunitaria ha abierto la puerta a la devolución a los Estados miembros de la competencia para que decidan qué tipo de bienes y servicios se someten al IVA reducido o superreducido sin el aval necesario de Bruselas. Y, en ese contexto, los agentes perjudicados por la medida del llamado IVA sanitario han instado al gobierno español a abaratar de esa manera el coste de la atención sanitaria.
Pero la repercusión de la tasa a la sanidad llega todavía más lejos. Según fuentes de los proveedores del sector, a muchas comunidades autónomas no les ha quedado más remedio que cargar el sobrecoste generado al déficit de su presupuesto.
Y tampoco se han librado de las consecuencias de la medida las compañías farmacéuticas –siempre según las mismas fuentes– ya que las tensiones financieras han afectado a los periodos de pago a los proveedores que ya andaban retrasados con anterioridad a la subida fiscal en 180 días.
Por último, los propios gestores de la salud advirtieron en su momento –aseguran– de que esta última llevaría consigo aumentos de hasta un 7 por ciento de los gastos operativos, circunstancia que impediría, a su juicio, absorber el impacto general de la medida que, recuerdan, se aprobaron con las cuentas de 2015 ya cerradas.
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