El
adelanto de las elecciones generales para el próximo
23 de julio ha puesto en stand by la negociación y aprobación de numerosas leyes. Entre ellas,
se encuentran normas que iban a suponer un cambio drástico en diferentes aspectos de la sanidad, como puede ser la
Ley de Equidad, la de
Seguridad del Paciente, conocida como la ley del ratio enfermero,
o la reforma del Estatuto Marco. Pese a que para muchos esta paralización supone un gran prejuicio, no todos los agentes implicados lamentan esta parada forzosa. Es el caso de Alianza de la Sanidad Privada Española (
ASPE) que mantiene su postura contraria a la
aprobación de estas dos primeras normas, y espera que esto sea definitivo. Además, solicitan el
rediseño de la ley enfermera, pues considera
"imposible" su cumplimiento.
La
Ley de Seguridad del Paciente,
tras más de dos años de bloqueo, no verá la luz, de momento. Con ella se pretende establecer mejores ratios de Enfermería para paliar la falta de personal que impide que se cumplan los mínimos que garantizan la seguridad del paciente. Todo ello implica la contratación de estos profesionales. La privada
siempre se ha mostrado contraria a esta iniciativa, por considerar "imposible" su cumplimiento real, por lo que pide establecer nuevas pautas más cercanas a la realidad.
"Creemos que es preciso poner en valor el papel del colectivo de Enfermería, pero
de forma alineada a las actuales competencias de las comunidades autónomas y la realidad normativa en vigor. Hay que tener en cuenta que ya existen ratios en algunas comunidades cuando la sanidad privada debe acreditarse o, incluso, al concertar", explican desde ASPE.
Pese a la negativa, desde la privada aseguran que la calidad asistencial y la atención adecuada son puntos "prioritarios" para ellos, pero consideran que la
medida puede diseñarse mejor y, sobre todo, de manera "más realista" para lo que habría que abordar la raíz del problema que radica en la escasez de profesionales, a su juicio.
La colaboración público-privada "más necesaria que nunca"
Desde que se puso sobre la mesa la
Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, la privada ha mostrado su rechazo absoluto, por lo que por lo que esperan que este frenazo no sea momentáneo, sino definitivo. "Confiamos no solo en que se quede paralizada ahora por el momento político, sino que se desista definitivamente de poner trabas a la colaboración público-privada". Además, hacen hincapié en que en el contexto actual la cooperación entre el sector privado con el público "es más necesaria que nunca" y piden que se deje de "criminalizar ideológicamente" la labor que ejercen y su aportación al Sistema Nacional de Salud.
El objetivo de esta ley establece que el modelo de gestión preferente sea directo a través de las administraciones públicas, con excepciones. Carlos Rus ya criticó en su momento que se trataba de un “
ataque a la flotación de la sanidad privada”. En consonancia, desde la alianza que preside, aseguran que
esta ley "dañaba la eficiencia del sistema y la calidad de los servicios asistenciales", al cerrar las puertas a la concertación, que en su opinión ha demostrado su "funcionalidad y eficacia" en las últimas décadas.
"Esperamos, por tanto, que el servicio que debemos ofrecer a los ciudadanos
deje por fin de ser deudor de posiciones ideológicas que no están respaldadas por la realidad y por la necesidad de los pacientes", sostienen.
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