La
Organización Nacional de Trasplantes (
ONT) establece en su protocolo para la introducción de la sanidad privada en la red nacional de donación de órganos
siete pasos para que los hospitales privados que lo deseen entren en dicha red. Antes de comenzar este procedimiento, los centros deberán cumplir ya con la normativa exigida y
contar con un coordinador de trasplantes (CT) propio.
El primer paso que debe dar el hospital privado interesado es contactar con el coordinador de trasplantes del
Hospital de Referencia (HPR) o con la
Coordinación Autonómica de Trasplantes (CAT) para informar de su interés en iniciar el procedimiento de autorización. Tras este contacto inicial el CP del centro privado d
esignará a un profesional de su confianza para que se responsabilice del proceso de autorización y sirva de interlocutor.
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El protocolo de la ONT otorga a las CCAA un rol protagonista en la concesión de autorizaciones para entrar en la red de trasplantes
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Una vez consumado este contacto previo, el hospital enviará una
solicitud de autorización que incluirá un mínimo de ocho documentos: la propia solicitud, una memoria descriptiva, certificado de cumplimiento de requisitos RDL 1723/2012 y certificado de cumplimiento de requisitos RDL 9/2014, acuerdo de colaboración entre el CP y el HPR, acuerdo de colaboración con el Establecimiento de Tejidos, procedimientos operativos estandarizados y la
acreditación de la Existencia de Comité de Ética Asistencial (
acceda aquí a los modelos de cumplimentación de la ONT). Además, la organización abre la puerta a que otras comunidades autónomas puedan solicitar más documentos.
Inspección de las CCAA
Una vez elaborada y enviada la documentación necesaria para la autorización, las
comunidades autónomas se encargarán de realizar una auditoría del centro. "En unas CCAA se realizará por profesionales de la CAT, en otras por los Servicios de Inspección), tras la que se elaborará el correspondiente informe y envío a la autoridad competente", especifica el protocolo.
El cuarto paso consistirá en el
análisis de la auditoría por parte de los agentes autonómicos. Una vez analizada la auditoría se elaborará un informe que puede ser positivo o negativo. De ser positivo, la autoridad competente de la comunidad autónoma deberá conceder la autorización final. Finalmente, el gobierno regional gestionará la
distribución y publicidad de la resolución de autorización, debiendo comunicar dicha decisión también a la ONT.
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