El futuro de Muface continúa en el aire.
Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que participaban en el concierto de la mutualidad, han confirmado que no se presentarán para continuar con el acuerdo durante el próximo bienio. Su negativa ha llevado a los responsables gubernamentales a
diseñar in extremis una nueva licitación con la que intentarán cumplir esta vez con las expectativas económicas. Una alternativa que las comunidades autónomas ven como una última oportunidad para evitar que sus sistemas sanitarios se "tensionen" si se ven obligados a absorber la demanda de los más de
1,5 millones de funcionarios que actualmente dependen de este modelo de asistencia.
Para la
Consejería de Salud de Cantabria, el hecho de que las aseguradoras hayan renunciado a la oferta propuesta por el Ejecutivo nacional “supone un impase hasta que se tome una decisión definitiva”,
aunque esperan que habrá una nueva licitación. “En el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra dijo que
no había un plan B en caso de que se diese tal situación porque no era competencia del Ministerio y no se sabía si habría acuerdo o no”, han asegurado a
Redacción Médica.
Aun así, si tuviera lugar la desaparición de Muface, han afirmado que se daría una situación que generaría
más tensión en el Sistema Cántabro de Salud, ya que la región tendría que asumir la asistencia sanitaria de la hasta ahora prestada por las aseguradoras. Por ello, lo ven como un tema clave que plantearán en el próximo CISNS.
Tensión en los sistemas sanitarios autonómicos
La Consejería de Salud y Políticas Sociales de
La Rioja también
se mantiene a la espera de lo que pueda ocurrir, aunque ha advertido de que “el sistema ya está tensionado por la
falta de profesionales, que alcanza cotas de emergencia y que es competencia del Ministerio solucionarlo”. De hecho, han señalado que atender a más personas con los mismos recursos, sin refuerzo de profesionales, supondría
una “merma” en la calidad asistencial.
Por ello, han hecho hincapié en “la necesidad de que el Ministerio trabaje en un plan de contingencia para paliar la emergencia nacional que supone la falta de sanitarios”. Respecto a ello, han indicado que desde el Servicio Riojano de Salud (Seris) están poniendo todos los medios para
descongestionar dicha tensión asistencial.
Desde la
Junta de Extremadura esperan que se "ofrezca a las aseguradoras las condiciones necesarias para mantener el modelo de mutualismo de Muface", ya que, si el proceso de licitación quedara desierto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) se vería "
sobrecargado con la incorporación de estos 45.000 mutualistas". "Cabe señalar que, si la oferta del Gobierno resulta deficitaria para las aseguradoras que prestan servicio, Muface también sería deficitaria para el SES", han advertido a este periódico.
Por otro lado,
Andalucía se mantiene cauta, igual que
Castilla y León, “a la espera de las indicaciones del Ministerio sobre el conflicto entre Muface y las aseguradoras privadas”. De todas formas, fuentes de la Consejería de Salud y Consumo andaluza han puntualizado que están preparados para lo que pueda ocurrir, pero también están expectantes respecto a “las posibles soluciones que desde el Gobierno central se les dé a las personas con tal aseguramiento mutualista”. A lo que han añadido que las personas que deseen pasar a la sanidad pública, “podrán hacerlo siguiendo
el procedimiento que establezca el INSS".
Mientras tanto, desde el
País Vasco han resaltado que "habrá que esperar" a que se
cierre el nuevo proceso de licitación anunciado por Muface y que "por el momento" la atención médica y asistencial "se mantiene en los
términos actuales" hasta la finalización del contrato vigente. "Dado que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva", han señalado.
Aumento de listas de espera
Desde la
Comunidad de Madrid han asegurado que, en caso de que no se consiga alcanzar un acuerdo, la sanidad pública tendría que
asumir 1,5 millones de usuarios, “lo que supondrá
un aumento en listas de espera y un peor servicio para toda la población”. De esta manera, “se dejaría en la calle a 15.000 profesionales sanitarios, aunque el sistema podría acogerlos, ya que muchos forman parte de la red pública sanitaria al poder compatibilizar ambos trabajos”.
Por su parte, la
Xunta de Galicia ha expresado su "preocupación por la situación" y ha dicho esperar que el Gobierno Central "adopte las medidas necesarias" que garanticen la asistencia sanitaria "plena" de los mutualistas. Todo esto sin que se
"afecte o impacte" los sistemas sanitarios públicos de las comunidades autónomas.
Además, la Consejería de Salud de
Murcia ha destacado que esta falta de consenso “demuestra
la incapacidad del Ministerio y del Gobierno ante un asunto que tienen que resolver con seriedad y celeridad”. En total, según han compartido con este medio, afectará a 34.000 mutualistas murcianos, lo que supondrá un impacto de 55 millones de euros.
Redacción Médica se ha puesto contacto con las Consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas, sin distinción de los partidos de gobierno, con la intención de buscar una postura plural; sin embargo, al cierre de la edición no se ha obtenido respuesta.
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