La Ley de Gestión Pública "limita" a las comunidades autónomas

Luz verde. La Ley de Gestión Pública, que nace con el objetivo de limitar la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ha vuelto a recibir el visto bueno en el Consejo de Ministros. Ese ha sido el desencadenante de las primeras reacciones del sector sanitario privado. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha tachado la norma de "Ley Antisanidad privada"; mientras que la Fundación IDIS ha explicado que "merma la capacidad del sistema para responder de forma ágil a las necesidades asistenciales y limita el rol del sector privado, lo que supone una traba a la inversión, a la innovación y al uso eficiente de los recursos". 

El siguiente paso, por lo tanto, será su paso por el Congreso de los Diputados. Será entonces cuando la Ley de Gestión Pública se someterá al 'dictámen final', si bien fuentes parlamentarias han explicado a Redacción Médica que auguran un recorrido parlamentario complicado. 

Las consecuencias de la Ley de Gestión Pública

Si bien este periódico se hizo eco del primer anteproyecto de Ley de Gestión Pública (y de sus principales claves), la 'segunda vuelta' llega con algunos cambios para el texto. No obstante, habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocerlos. 

Es en este mismo escenario en el que ambas entidades, IDIS y ASPE, han reaccionado a las últimas novedades de la norma. Cuestionada por una valoración de las implicaciones, la Fundación ha especificado a Redacción Médica que "representa un ataque frontal a la colaboración público-privada, y no tiene en cuenta que esta no constituye un elemento excepcional, sino estructural dentro del sistema sanitario español". 

"Representa un ataque frontal a la colaboración público-privada"

Más allá de esta calificación, el IDIS, bajo la dirección general de Marta Villanueva, menciona que la Ley de Gestión Pública "puede suponer una traba a la inversión y a la innovación, y por tanto limitar los entornos de alto nivel tecnológico y científico en los que nuestros médicos, enfermeros y demás especialistas se desarrollan profesionalmente".

Todo ello, por cierto, en un clima en el que el empleo de la sanidad privada ha crecido en los últimos tiempos, hasta alcanzar los 320.000 trabajadores, tal y como evidencia el 'Observatorio del sector sanitario privado 2026' elaborado por la Fundación.

"El sector sanitario privado seguirá siendo un motor robusto por sí mismo", confiesa la Fundación IDIS. Es en este punto en el que resalta que el sector "no teme una huida" de profesionales hacia la sanidad pública, "sino la saturación de esta última". "Si se restringe la colaboración actual, el sistema público perderá la eficiencia que actualmente aporta el sector sanitario privado", insiste.

Y su apuesta vuelve a ser uno de los ejes de su discurso. "Continuaremos defendiendo la importancia de la colaboración como palanca clave para la sostenibilidad del sistema y para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los pacientes", reitera la organización.

"Limita de forma injustificada la capacidad de gestión de las comunidades autónomas"

La Alianza de la Sanidad Privada Española es otra de las entidades que se ha sumado a esta oleada de reacciones. En un comunicado emitido poco después del 'aprobado' en el Consejo de Ministros, la patronal presidida por José Manuel Baltar ha mostrado su "profunda preocupación" y rechazo a la norma.

"Limita de forma injustificada la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y pone en riesgo la colaboración entre los distintos actores sanitarios que, durante décadas, han contribuido conjuntamente a sostener la asistencia sanitaria en España", menciona ASPE sobre las consecuencias que tare consigo esta legislación. Además, y a la par, resalta la "debilidad" de la sanidad pública para dar respuesta a los pacientes. Y todo ello con un añadido, y es que la patronal ha incidido en que esta legislación reduce herramientas eficaces para afrontar las listas de espera y la presión asistencial". 

"Esta ley nace de un planteamiento ideológico y no de un análisis riguroso"

La norma vuelve a estar en el centro del debate. La primera aparición pública de la que se alza como una de las grandes propuestas en materia sanitaria del departamento de Mónica García ya obtuvo el 'no' de grupos hospitalarios, comunidades autónomas y de las organizaciones de la sanidad privada. De hecho, presentaron sus alegaciones. Y, sin ir más lejos, ASPE e IDIS fueron algunas de ellas. 

Ahora la privada vuelve a mostrar su rechazo. Según desprende el comunicado de la Alianza de la Sanidad Privada Española, "esta ley nace de un planteamiento ideológico y no de un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes y de los desafíos que afronta actualmente el sistema sanitario".

Estos retos son los que define el organismo presidido por Baltar: "En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el incremento de la cronicidad, la falta de profesionales sanitarios y unas listas de espera que alcanzan cifras históricas, resulta incomprensible que el Gobierno opte por restringir instrumentos de colaboración que han demostrado su eficacia y utilidad para garantizar la atención sanitaria de millones de ciudadanos". 

A lo largo de su discurso, ASPE hace alusión a la radiografía que presenta la sanidad privada en España. Tal y como recuerda, el país ya cuenta con más de 12 millones de asegurados, por lo que el sector "representa una parte esencial de la capacidad diagnóstica, hospitalaria y tecnológica del país". 

Y en este punto llega el que ya es uno de los grandes debates del sistema sanitario. "La colaboración público-privada ha permitido durante años aliviar la presión asistencial sobre el sistema público, reducir tiempos de espera y acercar recursos sanitarios a territorios y pacientes
que, de otro modo, habrían visto limitada su atención", insiste ASPE. 

Así, pone en valor las tres décadas de experiencia de los modelos de colaboración. Un periodo que le sirve de punto de partida para resaltar que, desde el punto de vista de la patronal, es "un error plantear la sanidad desde posiciones que enfrentan artificialmente a lo público y a lo privado, cuando ambos ámbitos llevan años trabajando de manera complementaria al servicio de los ciudadanos".

Limitaciones en las CCAA

El recorrido de la Ley de Gestión Pública tiene su origen varios años atrás. La norma forma parte de la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión; y no fue hasta mayo de 2024 cuando el Ministerio de Sanidad inició su tramitación. Aunque los plazos se dilataron en el tiempo. 

Ahora ya es una realidad. Y la patronal de la sanidad privada subraya su rechazo por otro efecto de esta Ley de Gestión Pública. "La aprobación de esta norma supone, además, una limitación de la autonomía de gestión de las comunidades autónomas, responsables directas de la organización sanitaria en sus respectivos territorios", destaca. 

"Son los gobiernos autonómicos quienes conocen las necesidades concretas de su población y quienes deben disponer de todas las herramientas posibles para garantizar una asistencia sanitaria eficaz, accesible y sostenible", añade la Alianza de la Sanidad Privada Española. Y no es su único apunte: "Reducir de forma arbitraria las opciones de gestión no fortalece el sistema; al contrario, lo hace más rígido y menos capaz de adaptarse a los retos actuales y futuros".

Baltar, como nuevo líder de la patronal, emite también sus primeras declaraciones. "La sanidad debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes porque al sumar esfuerzos se multiplican los resultados", asevera.

"La colaboración público-privada ha permitido evitar el colapso asistencial"

De hecho, la patronal incide una vez más en la colaboración público-privada, que "ha demostrado ser especialmente relevante en ámbitos como el diagnóstico por imagen, la cirugía programada, la atención sociosanitaria, la Oncología o la alta tecnología sanitaria". Y a todo ello suma que "en numerosas ocasiones, esta cooperación ha permitido evitar el colapso asistencial". 

"La salud de los ciudadanos debe situarse siempre por encima de cualquier planteamiento ideológico", resalta ASPE. Su conclusión parece clara. El rechazo es firme. Más aún, concluye haciendo un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que "reconsideren el enfoque de esta ley y abran un proceso de diálogo real con todos los agentes implicados en el sistema sanitario".