Redacción. Madrid
La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) sigue en pie de guerra (y ya van cuatro años) contra los conocidos como ‘contratos capitativos’ es decir, los que establecen las aseguradoras con los hospitales por ofrecer unos servicios sanitarios al paciente en un territorio y tiempo determinado.
Para esta federación, la normativa “vulnera la libre competencia y supone una clara transferencia del riesgo a los proveedores sanitarios a los que representamos, una situación no permitida por la normativa del sector asegurador”, según explica su presidenta Cristina Contel.
Este organismo denunció en un primer momento la ley en 2011 ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero tras muchas negociaciones, “esta vía resultó finalmente infructuosa”, explica en un comunicado.
Después, tras el cambio de gobierno, recibieron apoyo y asesoría jurídica de su sucesora, María Flavia Rodríguez-Ponga, aunque el informe oficial nunca llegó a ser firmado por la Dirección General, detalla.
En 2013, la FNCP presentó las mismas instancias a la Dirección General de Seguros y, durante un año, se mantuvieron numerosos encuentros, sin llegar nunca a obtener una respuesta forma por las consultas formuladas.
En 2014, y tras el “silencio administrativo”, la federación presenta una denuncia ante el Departamento de Control de Prácticas de Mercado de la Dirección General de Seguros pero esta vía quedó muerta de inmediato, ya que ni siquiera les informaron de la situación de la queja presentada.
Una fórmula de gestión sanitaria “claramente abusiva”
Finalmente, un año después, la entidad que preside Cristina Contel presenta un recurso de alzada ante el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa manifestando que esta fórmula de gestión sanitaria es “claramente abusiva”. Para ello, alegan hasta doce razones hasta conseguir que se corrija el sistema de pago conforme a la ley.
La primera de ella es porque establece una cantidad fija mensual de gasto para unas pruebas determinadas. También porque deja la puerta abierta a la posibilidad de que entre los centros de la zona haya centros de la propia aseguradora.
Asimismo, alega, el centro hospitalario no tiene conocimiento de cuáles ni cuántos centros están participando en el reparto de la bolsa de pruebas; que cada tipo de prueba se valora según la puntuación un baremo firmado por contrato; y que se desconocen los criterios que rigen el baremo que se adjudica a cada centro.
También denuncia que el valor de cada punto de baremo de cada mes depende las pruebas realizadas en total por todos los centros, de forma que el valor de las pruebas varía mensualmente en función del número total de pruebas; y que cada centro realiza las pruebas necesarias a los asegurados de dicha compañía y a final de cada mes la aseguradora asigna una cantidad a cada centro.
Otras de las alegaciones de la FNCP se refieren a la no información los centros del número pruebas realizadas por cada uno de los otros centros al mes: que no se consideran los incrementos mensuales que pudiera haber en la cartera de asegurados; que no se tienen en cuenta factores de riesgo como la edad y el sexo ni las variaciones demográficas que producen una gran variabilidad de los costes; y que tampoco se muestran los estudios realizados por la aseguradora sobre la evolución de los riesgos en cada periodo, con el fin de ajustar un pago capitativo único.
Finalmente, la federación denuncia que la gran competencia del mercado asegurador hace que las primas se reduzcan hasta el límite de ser insuficientes para los riesgos que aseguran, así como que la fuerte concentración del mercado y la posición de dominio de las aseguradoras hacen que estas condiciones se impongan sin posibilidad de discusión, cerrando el paso a la libre competencia.