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La carrera profesional sin la sanidad concertada "penaliza y desincentiva"
Tras la sentencia del Supremo que dicta que la concertada "no computa" para el SNS, los expertos abordan el asunto
Una sentencia del Tribunal Supremo dicta que la sanidad concertada "no computa" en la carrera profesional de la pública
12 ene 2026. 17.40H
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La sanidad concertada se encamina hacia un nuevo debate. Si bien durante el 2025 la crisis sin precedentes de Muface puso en el ojo del huracán al sector, ahora es una sentencia del Tribunal Supremo la que hace tambalear los cimientos del modelo. O, más bien, la percepción de este sector entre los profesionales. El Alto Tribunal ha dictado sentencia, y ha explicado que trabajar en la sanidad concertada “no computa” de cara a la sanidad pública. Un rechazo que, como han apuntado fuentes expertas a Redacción Médica, deja una conclusión para la sanidad y para todos los que la conforman: “El Tribunal [Supremo] sostiene que la carrera profesional está diseñada para incentivar a quienes trabajan en instituciones sanitarias públicas, no privadas ni concertadas”.
La sanidad pública y la privada vuelven a enfrentarse. Al menos ante la Justicia. Tal y como informó Redacción Médica, el Alto Tribunal emitió este fallo en el caso de un enfermero que solicitó que, de cara a su carrera profesional, se le reconociera el tiempo trabajado en un centro de titularidad privado que cuenta con un concierto suscrito con el servicio autonómico de salud. Este se trata del Hospital San Roque Maspalomas.
Con esta sentencia ya sobre la mesa, las fuentes consultadas por este periódico inciden en que “la sanidad concertada queda excluida de un elemento clave del desarrollo público”. En otras palabras, la resolución del Tribunal Supremo desincentivar que los profesionales se decidan por el modelo concertado en vez del modelo de sanidad pública.
“La sentencia afirma que reconocen el trabajo en centros concertados sería ‘poco alentador’ para quienes opten por el trabajar en sector público”, responden las voces expertas a Redacción Médica. Sus declaraciones no se quedan ahí, y es que hacen un mayor hincapié en el hecho de que la resolución del Alto Tribunal “crea un diferencial de incentivos”. “La pública garantiza el acceso a la carrera profesional, y la concertada no aporta méritos para progresar dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, recalcan al respecto.
Es en este punto donde llega su conclusión. La balanza tiende a tornarse a favor de la sanidad pública. “Es razonable anticipar que esta diferencia pudiera influir en la elección laboral, especialmente entre profesionales jóvenes que planifican una carrera a largo plazo dentro del sector público”, apuntan las fuentes expertas en sanidad privada y concertada a este periódico.
La sentencia, como explican estas voces, también aborda el caso de la sanidad concertada en el mutualismo administrativo (Muface y sus ‘hermanos’, Isfas y Mugeju). Si bien prestan servicios para el Estado, “las mutuas no están integradas en el SNS a efectos de carrera profesional”.
Así lo detallan estas fuentes, que subrayan que “su relación jurídica es específica y regulada por normas propias, no por el Estatuto Marco del personal estatutario”. Es por ello que, dicen, “aun siendo entidades vinculadas al Estado, su actividad no genera servicios computables para la carrera profesional del SNS”.
Otro de los debates que se desprende de esta sentencia son las oportunidades de desarrollo que se ofertan en los dos sistemas sanitarios. Los expertos consultados por Redacción Médica inciden en que “el sector público dispone de una carrera profesional estructura y normada que permite una progresión económica y no económica (formación, investigación, movilidad) y goza de protección estatuaria”. No es así en el caso de la sanidad concertada, donde, además de no computar para la carrera profesional, “el reconocimiento depende de los convenios colectivos propios”.
Es en este punto donde estas voces se aventuran en el futuro. En lo que supone esta sentencia judicial para la sanidad concertada y para los profesionales de todo el sistema sanitario. “Es previsible que la resolución genere a los profesionales de la concertada, por un lado, frustración”, avanzan.
¿A qué se debe? A que, en sus palabras, muchos de los profesionales del sector concertado “prestan servicios equiparables a los del sector público”. No es, no obstante, el único de los aspectos a tener en cuenta.
También está la “sensación de desigualdad”, ya que según estos expertos, los trabajadores de la sanidad concertada “realizan trabajo asistencial público, pero sin reconocimiento público, especialmente en territorios con alto peso de la gestión indirecta”. “A medio plazo, podría haber más litigios intentando acotar excepciones y una mayor presión sindical para reformar la normativa”, inciden sobre el destino que llega tras esta sentencia.
Todo este asunto, como insisten a lo largo de la conversación con Redacción Médica, apunta a intensificar el debate de la colaboración público-privada en la sanidad española. Un asunto que en los últimos meses ha traído cola, y que ha enfrentado a los organismos del sector privado con el Ministerio de Sanidad.
Para estos expertos, el fallo del Tribunal Supremo “subraya una línea divisoria entre lo público y lo concertado al declarar que los centros concertados no están integrados en el SNS”. Por tanto, crecen las “tensiones”.
“Si la asistencia es ‘pública’, ¿por qué el reconocimiento profesional no lo es?, ¿Refuerza la sentencia la idea de que la gestión indirecta es “de segunda categoría” para los sanitarios?, ¿Debería reformarse la ley para reconocer la labor real en centros concertados?”, lanzan estos expertos sobre el asunto.
Son, por el momento, preguntas sin respuesta. Cuestiones para las que el sistema sanitario aún tiene las claves pero que, en palabras de estas voces, pueden ser determinantes. Más aún, apuntan a la posibilidad de que esta sentencia del Alto Tribunal sea utilizada como un argumento más por aquellos que “reclaman más blindaje de la sanidad pública”.
La sanidad pública y la privada vuelven a enfrentarse. Al menos ante la Justicia. Tal y como informó Redacción Médica, el Alto Tribunal emitió este fallo en el caso de un enfermero que solicitó que, de cara a su carrera profesional, se le reconociera el tiempo trabajado en un centro de titularidad privado que cuenta con un concierto suscrito con el servicio autonómico de salud. Este se trata del Hospital San Roque Maspalomas.
La Justicia desincentiva a la sanidad concertada
Con esta sentencia ya sobre la mesa, las fuentes consultadas por este periódico inciden en que “la sanidad concertada queda excluida de un elemento clave del desarrollo público”. En otras palabras, la resolución del Tribunal Supremo desincentivar que los profesionales se decidan por el modelo concertado en vez del modelo de sanidad pública.
“La sentencia afirma que reconocen el trabajo en centros concertados sería ‘poco alentador’ para quienes opten por el trabajar en sector público”, responden las voces expertas a Redacción Médica. Sus declaraciones no se quedan ahí, y es que hacen un mayor hincapié en el hecho de que la resolución del Alto Tribunal “crea un diferencial de incentivos”. “La pública garantiza el acceso a la carrera profesional, y la concertada no aporta méritos para progresar dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, recalcan al respecto.
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"El trabajo en centro concertados sería 'poco alentador' para quienes opten por el sector público" |
Es en este punto donde llega su conclusión. La balanza tiende a tornarse a favor de la sanidad pública. “Es razonable anticipar que esta diferencia pudiera influir en la elección laboral, especialmente entre profesionales jóvenes que planifican una carrera a largo plazo dentro del sector público”, apuntan las fuentes expertas en sanidad privada y concertada a este periódico.
El caso del mutualismo
La sentencia, como explican estas voces, también aborda el caso de la sanidad concertada en el mutualismo administrativo (Muface y sus ‘hermanos’, Isfas y Mugeju). Si bien prestan servicios para el Estado, “las mutuas no están integradas en el SNS a efectos de carrera profesional”.
Así lo detallan estas fuentes, que subrayan que “su relación jurídica es específica y regulada por normas propias, no por el Estatuto Marco del personal estatutario”. Es por ello que, dicen, “aun siendo entidades vinculadas al Estado, su actividad no genera servicios computables para la carrera profesional del SNS”.
Las oportunidades de desarrollo
Otro de los debates que se desprende de esta sentencia son las oportunidades de desarrollo que se ofertan en los dos sistemas sanitarios. Los expertos consultados por Redacción Médica inciden en que “el sector público dispone de una carrera profesional estructura y normada que permite una progresión económica y no económica (formación, investigación, movilidad) y goza de protección estatuaria”. No es así en el caso de la sanidad concertada, donde, además de no computar para la carrera profesional, “el reconocimiento depende de los convenios colectivos propios”.
La deriva de la sentencia en la sanidad concertada
Es en este punto donde estas voces se aventuran en el futuro. En lo que supone esta sentencia judicial para la sanidad concertada y para los profesionales de todo el sistema sanitario. “Es previsible que la resolución genere a los profesionales de la concertada, por un lado, frustración”, avanzan.
¿A qué se debe? A que, en sus palabras, muchos de los profesionales del sector concertado “prestan servicios equiparables a los del sector público”. No es, no obstante, el único de los aspectos a tener en cuenta.
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"Si la asistencia es pública, ¿por qué el reconocimiento profesional no lo es?" |
También está la “sensación de desigualdad”, ya que según estos expertos, los trabajadores de la sanidad concertada “realizan trabajo asistencial público, pero sin reconocimiento público, especialmente en territorios con alto peso de la gestión indirecta”. “A medio plazo, podría haber más litigios intentando acotar excepciones y una mayor presión sindical para reformar la normativa”, inciden sobre el destino que llega tras esta sentencia.
Todo este asunto, como insisten a lo largo de la conversación con Redacción Médica, apunta a intensificar el debate de la colaboración público-privada en la sanidad española. Un asunto que en los últimos meses ha traído cola, y que ha enfrentado a los organismos del sector privado con el Ministerio de Sanidad.
Para estos expertos, el fallo del Tribunal Supremo “subraya una línea divisoria entre lo público y lo concertado al declarar que los centros concertados no están integrados en el SNS”. Por tanto, crecen las “tensiones”.
“Si la asistencia es ‘pública’, ¿por qué el reconocimiento profesional no lo es?, ¿Refuerza la sentencia la idea de que la gestión indirecta es “de segunda categoría” para los sanitarios?, ¿Debería reformarse la ley para reconocer la labor real en centros concertados?”, lanzan estos expertos sobre el asunto.
Son, por el momento, preguntas sin respuesta. Cuestiones para las que el sistema sanitario aún tiene las claves pero que, en palabras de estas voces, pueden ser determinantes. Más aún, apuntan a la posibilidad de que esta sentencia del Alto Tribunal sea utilizada como un argumento más por aquellos que “reclaman más blindaje de la sanidad pública”.
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