Ante la posibilidad de que los
antivirales orales covid prescritos por un centro privado deban ser confirmados por un médico de cabecera de la sanidad pública, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha manifestado su
malestar por esta medida que creen que "ralentizar los procesos y duplicar los esfuerzos". Por ello, consideran que la
privada es "complementaria" en la prescripción de estos medicamentos.
"Esta situación genera una
pérdida de tiempo, de dinero y de recursos para todo el mundo. Lo cual incide en una falta de eficiencia a la vez que agrava aún más si cabe el evidente
problema de financiación y de recursos aplicados a la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos", afirman desde Fundación IDIS.
En esta misma línea, valoran este hecho como "una muestra más de la
falta de una estrategia integradora que contemple a los dos entornos de provisión y aseguramiento por igual". Tal y como han apuntado en un comunicado, estiman esta doble prescripción como "una
discriminación de los profesionales del sector privado" y argumentan que todos los trabajadores, sea cual sea su titularidad, se forman según los mismos programas y exigencias curriculares.
Asimismo, subrayan las repercusiones que tendría esta acción en las
listas de espera. "El incremento de la burocracia injustificada e innecesaria provocada por la redundancia de citaciones, primero en la sanidad privada y después en la pública, aumentaría la abultada lista de espera y, por lo tanto, la
presión asistencial en la puerta de entrada al sistema público de salud, que ya de por sí es en este momento excesiva y preocupante", concretan desde el sector privado. "Además, es necesario tener en cuenta que en el caso de
Paxlovid hay que administrarlo en un tiempo muy concreto tras el diagnóstico para garantizar su eficacia y si esto no se hace así, por demoras injustificadas, el perjuicio es sin duda para el paciente", añaden.
Evitar gastos innecesarios y pérdida de tiempo
Como solución proponen que la
validación del medicamento antiviral, en los casos de dualidad de aseguramiento y provisión pública (obligatoria) y privada (voluntaria), se haga desde la
Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), puesto que "dotaría de agilidad al proceso y evitaría la sobrecarga de la Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud".
"El sector sanitario privado atiende hoy a cerca de 10 millones de personas (sin contar a los mutualistas); por ese motivo, es del todo ilógico que los usuarios de la sanidad privada tengan que confirmar su prescripción en la sanidad pública. Nosotros apostamos por la
necesaria integración y complementariedad del sector privado y el Sistema Nacional de Salud, ya que así es como se evitan gastos innecesarios, pérdida de tiempo y de recursos, que por otra parte son imprescindibles para la sostenibilidad de un sistema que camina con serias dificultades", indican desde Fundación IDIS.
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