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HM Hospitales presenta seis alegaciones a la nueva Ley de Gestión Pública
En definitiva, el grupo hospitalario reclama criterios objetivos que den seguridad jurídica al sector sanitario privado
Juan Abarca, presidente de HM Hospitales
26 feb 2026. 13.30H
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POR JULIA ROIZ
La Ley de Gestión Pública acumula novedades. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad, ha puesto en la diana a la sanidad privada. La regulación busca limitar la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a tres situaciones excepcionales y, por el momento, ya cuenta con su primer aprobado en el Consejo de Ministros. No es así en el caso de las comunidades autónomas y de varias organizaciones del sector sanitario privado -como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)- que ya han enviado sus primeras alegaciones a este anteproyecto. HM Hospitales se ha sumado a este alegato y, como ha podido saber Redacción Médica, ha preparado sus propios apuntes con seis propuestas para la norma.
La colaboración público-privada en sanidad está, una vez más, bajo el foco del debate. Si el final de 2025 dejó varias lecturas sobre este sistema mixto, el 2026 parece seguir en la misma línea. El aterrizaje de la Ley de Gestión Pública es una de las novedades que gira en torno a este modelo. Concretamente, el Ministerio de Sanidad propone restringir la gestión privada cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. No obstante, aún quedan varios pasos para que esta norma se convierta en realidad.
HM Hospitales ha optado por enviar sus alegaciones al anteproyecto. Tal y como ha podido conocer este periódico, el grupo sanitario privado presidido por Juan Abarca ultima los apuntes para dirigírselos al Ministerio de Sanidad. De hecho, Redacción Médica ha accedido al documento oficial en el que la organización comienza con una valoración previa y positiva a esta norma.
El documento hace referencia al objetivo de "reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas, calidad, equidad y sostenibilidad del SNS". Un punto a favor para esta norma a la que suma otro beneficio: "La voluntad de mejorar los mecanismos de evaluación de gestión sanitaria".
La posición de HM Hospitales parece estar clara. El grupo liderado por Juan Abarca hace hincapié en que comparte "el principio de priorización de la gestión pública directa como eje vertebrador del sistema sanitario público". Esa es una de las últimas conclusiones antes de avanzar todas sus recomendaciones para el departamento de Mónica García.
El alegato se centra en que la redacción actual del texto, que ya ha sido cuestionada por distintos protagonistas del sector sanitario, "puede generar incertidumbre jurídica" en lo que a la gestión privada se refiere. Precisamente, estas dudas son las que sirven de base para las propuestas de HM Hospitales.
Lo cierto es que el grupo de la sanidad privada despliega seis apuntes a este Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La primera de las propuestas se centra en la la posibilidad de hacer una definición más clara de aquellos casos en los que la sanidad pública precise de la gestión privada. En ese sentido, el grupo de Juan Abarca defiende que estas situaciones sean cuando haya una insuficiencia acreditada de recursos humanos propios; cuando los centros no dispongan de la capacidad suficiente para prestar el servicio en las "condiciones adecuadas"; o en situaciones de urgencia, entre otros escenarios.
La segunda de las propuestas está estrechamente relacionada. HM Hospitales opta por solicitar una mejora en el concepto de 'imposibilidad o insuficiencia de medios propios'. Todo ello de cara a "reforzar la seguridad jurídica".
En esta línea prosigue el tercero de los apuntes del grupo. Bajo la presidencia de Juan Abarca, HM Hospitales solicita al Ministerio de Sanidad que establezca la diferencia entre gestión indirecta estructural y gestión indirecta coyuntural. Esta distinción servirá, según se desprende del documento de alegaciones, para "adaptar los mecanismos de control a la naturaleza de la intervención y a evitar cargas administrativas desproporcionadas".
La cuarta de las propuestas busca otra meta: la protección efectiva del derecho a la salud. Ese es el paraguas que tiene ante sí la siguiente sugerencia, que consiste en la introducción del principio de continuidad y accesibilidad asistencial.
La posibilidad de establecer indicadores "verificables y cuantificables" (como los tiempos máximos de espera o los ratios de profesionales por población) se alza como la quinta aportación del grupo hospitalario privado. Un alegato que se encuentra unido al sexto y último apunte de HM Hospitales: que esta norma sea capaz de garantizar una agilidad administrativa. Un objetivo para el que también desglosa sus propias recomendaciones como, por ejemplo, la posibilidad de establecer plazos máximos de cara a resolver procedimientos de evaluación previa.
HM Hospitales ya tiene sus alegaciones a la Ley de Gestión Pública. Una norma que, cabe recordar, lleva en el tintero de Moncloa desde 2024. Fue entonces cuando se convirtió en una de las legislaciones en las que se troceó la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión. El Ministerio de Sanidad ha dado el impulso final a este marco normativo que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros y cuya tramitación final está a expensas del ámbito político. Un juicio que ya suscita dudas, y es que Junts ya ha mostrado sus reticencias a la Ley de Gestión Pública.
Entre tanto, los grupos sanitarios como HM Hospitales, las organizaciones de la sanidad privada y las comunidades y ciudades autónomas parecen estar inmersas en la preparación de alegaciones al que apunta a ser uno de los grandes proyectos del Ministerio de Sanidad. No obstante, la Ley de Gestión Pública tiene camino por delante.
La colaboración público-privada en sanidad está, una vez más, bajo el foco del debate. Si el final de 2025 dejó varias lecturas sobre este sistema mixto, el 2026 parece seguir en la misma línea. El aterrizaje de la Ley de Gestión Pública es una de las novedades que gira en torno a este modelo. Concretamente, el Ministerio de Sanidad propone restringir la gestión privada cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. No obstante, aún quedan varios pasos para que esta norma se convierta en realidad.
Las alegaciones de HM Hospitales
HM Hospitales ha optado por enviar sus alegaciones al anteproyecto. Tal y como ha podido conocer este periódico, el grupo sanitario privado presidido por Juan Abarca ultima los apuntes para dirigírselos al Ministerio de Sanidad. De hecho, Redacción Médica ha accedido al documento oficial en el que la organización comienza con una valoración previa y positiva a esta norma.
El documento hace referencia al objetivo de "reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas, calidad, equidad y sostenibilidad del SNS". Un punto a favor para esta norma a la que suma otro beneficio: "La voluntad de mejorar los mecanismos de evaluación de gestión sanitaria".
La posición de HM Hospitales parece estar clara. El grupo liderado por Juan Abarca hace hincapié en que comparte "el principio de priorización de la gestión pública directa como eje vertebrador del sistema sanitario público". Esa es una de las últimas conclusiones antes de avanzar todas sus recomendaciones para el departamento de Mónica García.
El alegato se centra en que la redacción actual del texto, que ya ha sido cuestionada por distintos protagonistas del sector sanitario, "puede generar incertidumbre jurídica" en lo que a la gestión privada se refiere. Precisamente, estas dudas son las que sirven de base para las propuestas de HM Hospitales.
Lo cierto es que el grupo de la sanidad privada despliega seis apuntes a este Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La primera de las propuestas se centra en la la posibilidad de hacer una definición más clara de aquellos casos en los que la sanidad pública precise de la gestión privada. En ese sentido, el grupo de Juan Abarca defiende que estas situaciones sean cuando haya una insuficiencia acreditada de recursos humanos propios; cuando los centros no dispongan de la capacidad suficiente para prestar el servicio en las "condiciones adecuadas"; o en situaciones de urgencia, entre otros escenarios.
La segunda de las propuestas está estrechamente relacionada. HM Hospitales opta por solicitar una mejora en el concepto de 'imposibilidad o insuficiencia de medios propios'. Todo ello de cara a "reforzar la seguridad jurídica".
En esta línea prosigue el tercero de los apuntes del grupo. Bajo la presidencia de Juan Abarca, HM Hospitales solicita al Ministerio de Sanidad que establezca la diferencia entre gestión indirecta estructural y gestión indirecta coyuntural. Esta distinción servirá, según se desprende del documento de alegaciones, para "adaptar los mecanismos de control a la naturaleza de la intervención y a evitar cargas administrativas desproporcionadas".
La cuarta de las propuestas busca otra meta: la protección efectiva del derecho a la salud. Ese es el paraguas que tiene ante sí la siguiente sugerencia, que consiste en la introducción del principio de continuidad y accesibilidad asistencial.
La posibilidad de establecer indicadores "verificables y cuantificables" (como los tiempos máximos de espera o los ratios de profesionales por población) se alza como la quinta aportación del grupo hospitalario privado. Un alegato que se encuentra unido al sexto y último apunte de HM Hospitales: que esta norma sea capaz de garantizar una agilidad administrativa. Un objetivo para el que también desglosa sus propias recomendaciones como, por ejemplo, la posibilidad de establecer plazos máximos de cara a resolver procedimientos de evaluación previa.
HM Hospitales ya tiene sus alegaciones a la Ley de Gestión Pública. Una norma que, cabe recordar, lleva en el tintero de Moncloa desde 2024. Fue entonces cuando se convirtió en una de las legislaciones en las que se troceó la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión. El Ministerio de Sanidad ha dado el impulso final a este marco normativo que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros y cuya tramitación final está a expensas del ámbito político. Un juicio que ya suscita dudas, y es que Junts ya ha mostrado sus reticencias a la Ley de Gestión Pública.
Entre tanto, los grupos sanitarios como HM Hospitales, las organizaciones de la sanidad privada y las comunidades y ciudades autónomas parecen estar inmersas en la preparación de alegaciones al que apunta a ser uno de los grandes proyectos del Ministerio de Sanidad. No obstante, la Ley de Gestión Pública tiene camino por delante.
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