El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comenzado a elaborar la reforma de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Un cambio que pretende “ampliar las obligaciones de publicidad activa; simplificar y dotar de las máximas garantías el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; dotar de las máximas garantías y de la mayor efectividad la actividad de los órganos garantes en materia de transparencia; impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos; establecer la obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades públicas; y otorgar rango de Ley a los principios del gobierno abierto”, según detalle el Ejecutivo en la documentación ministerial.
Para dicha reforma, el ministerio que dirige María Jesús Montero creó un subgrupo compuesto por expertos en transparencia, con el fin de recoger una serie de recomendaciones de base con las que trabajar en la citada reforma legal. Conocidas dichas conclusiones, una de ellas mira directamente al sector sanitario. Y es que estos expertos han recomendado al Gobierno central que someta a las empresas o entidades que gestionan conciertos, también sanitarios, a las mismas obligaciones de transparencia e información “que los adjudicatarios de contratos”, según matiza a Redacción Médica una fuente del citado subgrupo ministerial de trabajo.
En concreto, la recomendación está dirigida sobre el Capítulo I, Ámbito subjetivo de aplicación, de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los expertos se detienen en el artículo 4, que se centra en la obligación de suministrar información; donde matizan que “se sugiere exigir que la obligación de que los contratos del sector público incluyan la obligación de los adjudicatarios de facilitar la información establecida en la ley de transparencia”. Asimismo, y aquí es donde focalizan en los conciertos públicos: “Se propone incorporar una previsión similar en la normativa reguladora de los conciertos de servicios públicos y en los documentos en los que estos se formalicen, así como medidas relativas a la exigencia de cumplimiento de estas obligaciones”.
Con la norma todavía en una fase “muy preliminar”, como admiten a este periódico fuentes ministeriales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública someterá la reforma a consulta pública previa hasta el próximo 25 de febrero para una norma que propone “incorporar como sujetos obligados por las disposiciones de la ley de transparencia al Gobierno, Ministerio Fiscal, la Junta Electoral Central, los consorcios y fondos sin personalidad jurídica, las entidades vinculadas o dependientes de las universidades públicas, las federaciones deportivas y a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional de las comunidades autónomas”.
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