La
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) no está sola en su lucha contra la limitación de este sector en los
conciertos sanitarios. Tras
presentar su recurso de inconstitucionalidad ante la Defensora del Pueblo contra la
Ley 7/2007 de la Comunidad Valenciana, que limita a los centros sanitarios concertar con entidades que tengan ánimo de lucro, ASPE ha encontrado un nuevo aliado: el
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) que, en su último comunicado, ha manifestado “su más firme apoyo a esta iniciativa”.
De hecho, la organización considera que “a la luz de los artículos 14 y 43 de la Constitución, que recogen la igualdad de los española y la protección a la salud, esta medida crea un ámbito de discriminación que genera diferentes injustificadas en el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios”.
El “papel fundamental” de la privada
En este sentido, la institución que preside
Adolfo Fernández-Valmayor quiere hacer una serie de puntualizaciones sobre esta medida. La primera de ellas, destacando el “papel fundamental” que tiene la sanidad privada “en el sostenimiento del sistema sanitario, de la economía, del tejido empresarial y del empleo”. Tanto es así, que el IDIS recuerda que este ámbito supone ya el 3,5 por ciento del PIB y da empleo a 252.000 profesionales, de los cuales, un 65 por ciento trabaja en el ámbito extrahospitalario y un 35 por ciento en el hospitalario.
Asimismo, el instituto destaca que la
cooperación entre los sectores públicos y privados, a través de los conciertos, concesiones o mutualismo administrativo, “es esencial para el mantenimiento de una sanidad universidad y un sistema sostenible”.
Pero no solo eso. Según uno de sus últimos informes –el de ‘Sanidad privada. Aportando Valor 2017’, el IDIS destaca que en 2014, el 11,8 por ciento del
gasto sanitario público se destinó a la partida de conciertos, reflejando, según la institución, “la importancia que tiene este aspecto al descargar la presión asistencial y de la carga financiera al sistema al ser su gestión más eficiente”. Por eso, consideran que “en ningún caso se debe penalizar la eficiencia ni atribuirla exclusivamente a la titularidad de la institución que presta los servicios”.
Ante esta situación, el IDIS propone que “solo con la optimización de todos los recursos, tanto públicos como privados, y con la aplicación de los máximos niveles de calidad se alcanzarán mejoras en la prestación de servicios asistenciales para la población, reduciendo las listas de espera en los centros públicos y dotando de la máxima accesibilidad posible al propios sistema”.
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