El dilema del modelo Muface: 1.400 millones más o "muerte por inanición"

La cuantía del concierto actual de asistencia sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) asciende a 3.571 millones de euros por el periodo comprendido entre 2022 hasta 2024. Aseguradoras y sindicatos llevan tiempo denunciando que ese presupuesto ha quedado obsoleto, y debe actualizarse para adaptarse al coste de vida actual y que así el sistema "no muera por inanición". Concretamente, sindicatos ponen cifra a cuánto debe aumentar para que el modelo no muera por inanición: al menos un 40 por ciento más, es decir, un extra de 1.400 millones de euros.

Ese porcentaje lo pone el sindicato FAC-USO, tal y como señala a Redacción Médica. Pero no está solo, ya que CSIF tiene como una de sus grandes luchas el aumento de la financiación: “Siempre hemos insistido en que la dotación presupuestaria que tiene el concierto sanitario con las aseguradoras que prestan servicios a Muface es insuficiente y este presupuesto insuficiente afecta al número de recursos personales de los que se pueden disponer y al de centros hospitalarios con los que dar esa cobertura médica”.

Esta "baja inversión" se ha visto reflejada, según estas fuentes sindicales, en que el servicio sanitario y la oferta de entidades de las que Muface ha ido disponiendo “han ido mermando” hasta llegar a la situación actual en la que solo tres compañías colaboran en este concierto.

“Se tendría que hacer una revisión conforme al nuevo coste de vida y de los servicios. Está claro que hay que reajustar para que no se generen pérdidas en las empresas que prestan el servicio. Si se generan, el servicio empeora y se va a tender a que la prestación sanitaria a través de Muface muera por inanición”, han explicado.

La semana pasada, Javier Murillo, el director general de SegurCaixa Adeslas (una de las tres compañías que forman parte del concierto) denunció que las aseguradoras adheridas reportan pérdidas desde hace una década y “esto se ha traducido en la salida de las empresas”.

Trasladar el servicio sanitario a la pública no es viable

FAC-USO considera que el problema radica en que se pone el foco únicamente en la parte económica. “No se puede recortar en este tema cuando se habla de salud. No se puede medir en términos económicos, sino que se debe hacer en términos de asistencia y de calidad”, ha criticado. 

La menor inversión implica que las prestaciones sanitarias de los mutualistas se vean recortadas. Además, estas fuentes sindicales recuerdan que es “inviable” trasladar estos servicios al sistema público de salud.  “No se puede volcar a más de un millón de personas en el sistema público con el lío que hay montado y las largas listas de espera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Romper el sistema completamente o que sea un colapso total?”, se preguntan.