El
Defensor del Pueblo ha sido el último organismo en pedir información sobre la cobertura de la
Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface). Después de las denuncias de la
Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) y la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sobre el supuesto recorte de cuadros médicos y centros hospitalarios tras la entrada en vigor del nuevo
concierto sanitario, esta institución ha iniciado actuaciones de oficio para aclarar la situación.
Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo ha requerido tanto a Muface como al
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a la
Mutualidad General Judicial (Mugeju) "información acerca de los recortes detectados tras la firma de un nuevo concierto con
aseguradoras privadas para la prestación de asistencia sanitaria". En un comunicado emitido este jueves, quiere conocer "el seguimiento que están llevando a cabo las mutuas para garantizar la
continuidad asistencial que contempla el acuerdo firmado con los grupos privados".
Según el mismo, "las entidades privadas
están dando de baja a médicos y hospitales que atienden a los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas". Una situación que, como apunta, estaría afectando sobre todo a las especialidades de
Oncología,
Psiquiatría y
Servicios de Diálisis.
Ante este contexto, ha enviado un
escrito a las tres mutualidades afirmando que dichos recortes suponen "una pérdida en la continuidad asistencial" y generan "incidencias en la asistencia sanitaria". "Al dejar de ofrecerse determinados servicios, los
mutualistas afectados no podrán acudir a sus
revisiones médicas en sus centros habituales, con las implicaciones que ello supone para el seguimiento de su enfermedad", critica.
"La institución recuerda a las mutuas su obligación de velar por los
derechos de los titulares, y beneficiarios adscritos, y de garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de
calidad que la
sanidad pública", concluye el comunicado.
Muface defiende que el nuevo concierto no ha sufrido recortes
FAC-USO denunció el pasado mes de enero que aseguradoras adscritas a Muface habían recortado los servicios y los centros hospitalarios a raíz del nuevo concierto, el cual tendrá una
vigencia de tres años (2022-2024). Una denuncia a la que se sumó después CSIF, quien agregó que estas quejas de los pacientes se repetían especialmente entre los oncológicos.
Voces que posteriormente fueron desmentidas por fuentes cercanas al
Consejo General de Muface en
Redacción Médica, donde afirmaron que, por el contrario, se había
aumentado el número de médicos y los hospitales continuaban siendo los mismos.
Igualmente, la propia Muface difundió una nota subrayando que el nuevo acuerdo firmado "impone a las entidades la
obligación de poner a disposición del colectivo todos los medios asistenciales precisos para hacer efectiva la cartera de servicios que se define en el mismo" y así garantizarlos.
Además, esta semana la entidad también celebró una
reunión con todos los sindicatos que forman parte del Consejo General para conocer el estado en el que está el actual concierto. Tras el encuentro, CSIF envió una nota informando de que la mutualidad "estudiará ampliar el periodo para que los mutualistas puedan elegir el cambio de compañía" y que su directora, Myriam Pallarés, ha solicitado su colaboración para recabar casos de afectados.
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