El convenio estatal 'resucita' para una sanidad privada que necesita ratios

A pesar de los intentos fallidos, los sindicatos siguen insistiendo en reclamar un convenio estatal para la sanidad privada de cara a mejorar y homogeneizar territorialmente las condiciones y retribuciones salariales del sector. La última vez ha sido esta misma semana, en la jornada de formación sindical sobre el nuevo marco competencial en el Sistema Nacional de Salud (SNS) organizada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). Pero la reclamación no se queda en eso: para los responsables de la organización, ese convenio habría de ir acompañado de “normas estatales” que fijen las ratios por categorías. Algo que choca con la postura del sector empresarial.

“No hay voluntad negociadora por su parte”, asegura a Redacción Médica el responsable de Desarrollo Profesional de FSS-CCOO, Aurelio Duque. Su compañero Jesús Cabrera, responsable del Área de Negociación Colectiva Privada y Sectores Sociosanitarios de CCOO, sería el hombre elegido para sentarse en esa mesa de diálogo, si llegara a convocarse: “Se he hecho la solicitud en varias ocasiones, pero siempre han considerado que no era el momento oportuno para negociarlo”, explica.

Cabrera fue el encargado de hablar sobre sanidad privada en la jornada formativa convocada por la fuerza sindical, y resumió en seis puntos las necesidades identificadas por CCOO en el sector: el convenio estatal, normativas nacionales que marquen las ratios por categorías profesionales sanitarias, homogeneizar las condiciones laborales y retributivas del sector con las del personal estatutario, aumentar la prevención de riesgos laborales ligados a factores psicosociales, elaborar un plan de formación adecuado a cada categoría con su desarrollo profesional específico -hoy sólo vigente en la sanidad privada de la Comunidad de Madrid- y evitar problemas de intrusismo ligados a la falta de homologación de universitarios y especialistas.

Diferencias entre la sanidad pública y la privada

En cualquier caso, en lo referente a la equiparación salarial de los profesionales de la sanidad privada con el personal estatutario, Cabrera reconoce que, aunque ese “debería ser el objetivo”, hay que afrontar el asunto “siendo realistas”: “Hay diferencias importantes con el sector público. En la privada hay salarios más bajos y jornadas laborales más elevadas”. La meta, por ende, se antoja lejana.

A esa circunstancia se une el hándicap de las inequidades interterritoriales en el sector privado: “La ausencia de convenios sectoriales de referencia en algunas provincias, y las diferencias entre las regulaciones de los convenios provinciales, autonómicos o de empresa, hace que las desigualdades salariales y laborales entre ámbitos geográficos sean relevantes”, señala Cabrera. En ese contexto, un convenio estatal sería “un elemento extraordinario” para avanzar hacia unos márgenes de unificación de condiciones profesionales.

Las empresas de la sanidad privada, en contra de ratios estatales

Lo cierto es que la postura empresarial del sector ante estas reclamaciones sindicales es conocida, al menos en parte. La convocatoria de elecciones generales para el verano de 2023 supuso la paralización de la tramitación de varios proyectos legislativos, entre otros, la Ley de Seguridad del Paciente, conocida como ley del ratio enfermero. Uno de los objetivos de la normativa era establecer mejores ratios en Enfermería para paliar la falta de profesionales por paciente, algo que, de manera directa, conllevaría más contrataciones.

Sin embargo, desde el sector se mostró en contra de los postulados de esa ley en tanto en cuanto consideraba “imposible” su cumplimiento. En último término, la patronal no se negaba a una revisión de las ratios, pero sí a que se hiciera desde un punto de vista centralista y no “de forma alineada a las actuales competencias de las comunidades autónomas”.