La Ley de Gestión Pública, ¿cambiará la dinámica laboral de los médicos?

La Ley de Gestión Pública se aproxima a su tramitación política. Nacida con el objetivo de limitar la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS), la norma ha recibido el 'segundo aprobado' del Consejo de Ministros. La nueva vuelta hace firme un proyecto al que Redacción Médica ha tenido acceso y cuya nueva redacción endurece las condiciones para externalizar servicios respecto a su versión previa. Con esta base, los profesionales del sector han trasladado a este periódico sus primeras reacciones a un texto que llega con una idea clave. La Ley de Gestión Pública puede provocar una “huida” de profesionales hacia la sanidad privada.

Los grupos hospitalarios, las principales organizaciones y los propios médicos comienzan a analizar una norma que apunta a marcar un antes y un después en el sistema sanitario español. Si en algo hacen hincapié los médicos de la sanidad privada es en el hecho de que esta ley “introduce un cambio de marco conceptual. “Refuerza el papel de lo público y limita determinados espacios de colaboración o de provisión indirecta”, inciden. Esto tiene otra traducción, y es que, si bien “no va a suponer una prohibición ni una exclusión”, aunque “sí que genera un entorno más incierto”.

Los efectos para los médicos de la sanidad privada

“El principal efecto será indirecto, el menor crecimiento de modelos de colaboración estructurada, una mayor cautela en la inversión y en la planificación de servicios privados y una posible ralentización de proyectos conjuntos”, resaltan estas voces. Precisamente, hacen referencia a la posible ‘huida’ de profesionales de un modelo a otro.

"Ya podemos ver una huida masiva de sanitarios hacia la sanidad privada"

Las opiniones parecen ir en la misma línea. Por un lado, unos explican que va a haber “más médicos optando por modelos ‘puros’ (solo público o solo privado), y riesgos a medio plazo”. Y a ello apuntan que “si se endurecen las condiciones en lo público habrá fuga hacia lo privado”.

“Ya podemos ver una huida masiva de sanitarios hacia la sanidad privada”. Así lo confirma un médico que lleva varios años en el sector privado. De hecho, subraya que “cada vez menos gente quiere trabajar en la pública”, a lo que suma que esta Ley de Gestión Pública “no contribuiría a mejorar las condiciones laborales de la pública, ni tampoco la calidad asistencial a los pacientes”.

Asimismo, y sobre esta ‘balanza’ entre los dos sistemas sanitarios, parecen tener claro cuál es el destino que le espera a la sanidad española tras la entrada en vigor de la norma. “Sin una mayor contratación o un aumento de recursos en la sanidad pública, esos pacientes acabarían sin más remedio recurriendo a la privada para solucionar sus problemas”, confiesa. Lo que llevaría, según ellos, a un crecimiento de los seguros de salud.

Pero hay un punto medio. “El elemento clave creo que es que el profesional sanitario busca estabilidad, reconocimiento y condiciones adecuadas. Si el sistema público no compite en eso, la Ley por sí sola no retendrá talento”, añade otro profesional.

Distinto impacto entre médicos y enfermeras

Las plantillas de la sanidad privada no vivirán esta norma de la misma forma. Al menos, así lo confirma un profesional con una amplia experiencia en el sector. Y es que señala que “los médicos son el colectivo más impactado porque tienen mayor movilidad entre sistemas, mayor capacidad de compatibilizar actividad y más peso en modelos de colaboración público-privada”. Mientras tanto, y según él, el resto de trabajadores no van a tener las mismas consecuencias.

"La ley afecta más donde hay flexibilidad profesional y capacidad de doble ejercicio"

En el caso de las enfermeras y el resto de profesionales, dice que “el impacto será menor y más indirecto, ya que su ejercicio está más vinculado a estructuras organizativas estables y menos a fórmulas mixtas”.

“La ley afecta más donde hay flexibilidad profesional y capacidad de doble ejercicio, y eso es principalmente el ámbito médico”, sentencia el profesional.

La alusión a aquellos médicos que compatibilizan la sanidad pública y la privada llega a este punto de la conversación. “La Ley de Gestión Pública, junto a otros debates normativos, introduce un mensaje implícito: se cuestiona la compatibilidad o se intenta regular de forma más estricta”, comenta a este periódico.

El futuro de la Ley de Gestión Pública

La norma es una de las grandes apuestas del Ministerio de Sanidad. El departamento de Mónica García ha impulsado una legislación que forma parte de la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión. De hecho, no fue hasta mayo de 2024 la cartera sanitaria inició la tramitación de la Ley de Gestión Pública, si bien los plazos se dilataron en el tiempo.

Ya ha recibido el segundo visto bueno en el Consejo de Ministros, y la norma se prepara para su tramitación parlamentaria. Un espacio donde los grupos ya han prometido una intensa batalla en la que la colaboración público-privada estará bajo la lupa.

"Vamos a ver aplicaciones muy diferentes según la comunidad autónoma"

Esta vez son los propios médicos los que abordan el destino que le depara a la Ley de Gestión Pública. “El futuro no será uniforme, porque el sistema sanitario español es descentralizado. Vamos a ver aplicaciones muy diferentes según la comunidad autónoma”, resaltan estas voces. De hecho, inciden en que “si el sistema necesita reducir listas de espera, captar profesionales y optimizar recursos, la colaboración y la flexibilidad volverán a abrirse paso, con o sin esta ley”.

“No creo que salga adelanta”, confiesa una profesional. En su caso, pone el foco en el sistema de colaboración público-privada. “Los pacientes tendrían que contratar seguros privados, o pagar atención sanitaria privada por su cuenta”, explica haciendo alusión a los efectos de este endurecimiento de la contratación de servicios.

Más aún, aborda el escenario actual. “A nivel político, puede ser que la jugada tuviera alguna rentabilidad electoral a corto plazo; pero a nivel de gestión, lo interesante sería ofrecer alguna alternativa viable al colapso actual. Los centros de gestión privada que actualmente atienden cupos de la seguridad social no se quedarían sin pacientes, sino que verían pacientes privados con o sin seguro”, menciona.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la Fundación IDIS, y la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) ya han reaccionado a una norma que busca limitar la gestión privada en la sanidad pública. Ahora son los profesionales, los propios médicos, los que abordan de primera mano las consecuencias de la Ley de Gestión Pública. Una norma que, según ellos, puede derivar en una huida de profesionales hacia la sanidad privada.