Nuevo paso de la
sanidad privada en su afán por recibir las “justas e imprescindibles”
compensaciones derivadas de su colaboración durante la pandemia de Covid-19 por parte de varias comunidades autónomas. Más de un año después de su inicio, el sector ha anunciado la interposición de
reclamaciones ante cinco consejerías de sanidad, a la espera de movimientos por parte de una sexta región.
“La sanidad privada sigue aún mostrando su total disposición a colaborar en la pandemia con la sanidad pública”, asegura la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) en un comunicado. En él, sin embargo, destaca que la falta de acuerdos compensatorios ha llevado al sector a interponer
“reclamaciones administrativas ante las Consejerías de Murcia, Galicia, Castilla y León, Valencia y Andalucía”. “En País Vasco sigue sin haber avances”, añade.
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Durante el marco del Estado de Alarma,
la sanidad privada aportó sus recursos humanos y técnicos en plena colaboración con las administraciones sanitarias y bajo las instrucciones del mando único establecido en cada comunidad autónoma. Ante esta situación,
cinco comunidades autónomas han alcanzado acuerdos de compensación con la sanidad privada “y, sin embargo, en otras seis regiones se ignora el sacrificio demostrado”.
Para Carlos Rus, presidente de ASPE, “el sector en general se ha encontrado con un riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no solo para pequeñas clínicas que en miles de casos no han podido sostener su servicio, sino también para grandes hospitales, sin medidas de ayuda adoptadas para todo el territorio por el Gobierno central y con administraciones regionales que siguen dando la espalda”. Y señala que “no es admisible que en el Estado de las Autonomías se vivan situaciones tan dispares para la misma causa, entre quienes reconocen el
derecho de la sanidad privada a ser compensada por su uso y disposición en la atención de la Covid y quienes se niegan a poner en valor su esfuerzo sin límites”.
Autonomías que no establecen compensaciones
Tras las conversaciones y negociaciones desarrolladas desde hace muchos meses en algunos territorios, las empresas sanitarias han iniciado reclamaciones por vía administrativa ante las consejerías de sanidad. En muchos casos las reclamaciones se ejercen a título particular por cada empresa perjudicada y en otros de forma colectiva.
La casuística es diversa bajo el mismo trasfondo. En el caso de
Murcia, la gran mayoría de empresas han realizado reclamaciones administrativas a la Consejería de Sanidad. La situación, ante el devenir político de la región, se encuentra paralizada. La misma solución se ha emprendido en
Castilla y León, con una reclamación administrativa por lo derivado en la primera ola y por puesta a disposición. En la
Comunidad Valenciana varios grupos hospitalarios han presentado a su vez un escrito de reclamación conjunto.
En
Andalucía, a pesar de las conversaciones para alcanzar un acuerdo general, no se han producido avances y hay empresas que ha presentado reclamaciones por puesta a disposición. En
País Vasco, las gestiones desarrolladas por las clínicas tampoco han alcanzado avances satisfactorios, si bien se resuelven satisfactoriamente determinados convenios sanitarios. En
Galicia, la práctica mayoría de los asociados han presentado reclamación a la Xunta y también al Ministerio de Sanidad.
“Justas reclamaciones”
Por el contrario, otros Gobiernos regionales consideran las reclamaciones son justas y que
les corresponde en sus competencias las remuneraciones y compensaciones oportunas por la toma forzosa de los recursos privados, alcanzando acuerdos en sus territorios. El pago de las mencionadas compensaciones se ha realizado o pronto se efectuará.
Este es el caso de
Cataluña, la primera región que determinó compensaciones bajo un acuerdo estable para la atención asistencial de afectados por el Covid y derivados desde la sanidad pública. Madrid incorporó el acuerdo posteriormente y en la práctica casi todos los hospitales han cobrado las compensaciones relacionadas con la puesta a disposición de la primera ola. En
Navarra, los pagos se realizan puntualmente.
En
Canarias, se han cerrado acuerdos de precio por cama de hospitalización y por cama UCI, e incorporando también el lucro cesante durante la primera ola. Y, finalmente, en Islas
Baleares se ha firmado un protocolo con el Servicio de Salud, que finaliza mañana 31 de marzo para la atención de pacientes Covid derivados a centros privados.
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