La
Junta de Andalucía y la
Comunidad de Madrid han aunado los recursos de la sanidad pública con los de la privada para poder hacer frente al número tan elevado de
pacientes Covid-19 que hay en los hospitales de ambas regiones.
La tercera ola de la pandemia de coronavirus está dejando cifras de ocupación hospitalaria altísimas, algo que ha llevado a algunas Comunidades Autónomas ha tomar la decisión de formalizar acuerdos con la sanidad privada.
De este modo, desde la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han mostrado su disposición a colaborar con las Administraciones para hacer frente a este crisis sanitaria.
Crear un marco estable para todo el territorio
Los nuevos acuerdos firmados por Andalucía y
Madrid se suman a otros similares ya alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Canarias y País Vasco, además de Cataluña y Navarra, que ya han enviado pacientes con coronavirus a hospitales privados.
Aún así, la patronal “sigue reclamando un plan de trabajo público-privado para toda España e insta a la nueva ministra de Sanidad,
Carolina Darias, a corregir la ausencia, hasta ahora, de una estrategia nacional”. Desde ASPE se insiste en que “la respuesta asistencial público-privada debería contemplar dos principios básicos: marco estable para todo el territorio y aplicación flexible de protocolos de colaboración
adaptados a la situación particular de incidencia Covid en cada territorio”.
Plan de trabajo claro y transparente
La existencia de un
acuerdo marco estatal sentaría las bases y facilitaría la colaboración de la sanidad privada en las distintas comunidades autónomas según las distintas necesidades de cada región. “El establecimiento de unas bases claras para un uso racional de todos los medios del Sistema Nacional de Salud es el mejor mecanismo de prevención que podemos adoptar frente a una crisis de esta envergadura”, señala el presidente de ASPE,
Carlos Rus. “Creo que lo que estamos pidiendo es algo totalmente lógico: un plan de trabajo claro y transparente, que nos permita reducir el tremendo
impacto negativo de la pandemia tanto en nuestros centros como en la sanidad pública”.
Por último, desde ASPE instan a las Comunidades Autónomas a “no perder más tiempo y alcanzar acuerdos estables de colaboración que eviten la intervención de la sanidad privada sin tener a priori definida la contraprestación. El impacto económico de la
intervención de los centros sanitarios privados durante el primer estado de alarma en abril de 2020 ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios sin internamiento en toda España y
una deuda estimada de aproximadamente 250 millones de euros”.
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