La
sanidad privada ha llegado al límite. Después de
no obtener respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre sus peticiones para
mantener la viabilidad económica del sector (a pesar de que se comprometió a darla en 10 días), y de la
lentitud con que las comunidades autónomas (CCAA) están negociando las
compensaciones económicas por su actuación frente a la
pandemia de Covid-19, la sanidad privada apunta a la
vía judicial para que atiendan sus reclamaciones.
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Así se lo ha confirmado a
Redacción Médica el presidente de la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE),
Carlos Rus. El presidente de la patronal explica que desde ASPE se ha emitido un informe a los miembros con la
base jurídica para que puedan plantear acciones legales ante las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para recibir la compensación económica debida.
Rus plantea que el pago debe hacerse
por dos vías y en base a dos conceptos: "las
comunidades autónomas deben asumir el
coste de la atención sanitaria a pacientes con Covid-19, mientras que el
Ministerio de Sanidad debe asumir los costes de la
puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada".
ASPE, como patronal, no puede ser quien interponga los litigios, explica Rus, son las
clínicas y los grupos hospitalarios quienes están capacitados legalmente para hacerlo.
5.000 centros sanitarios en riesgo de quiebra en la segunda ola
La patronal de la sanidad privada calcula que la
compensación económica que necesita el sector ronda los
300 millones de euros. Una cifra que podría aumentar de producirse una segunda ola en otoño.
Si bien en la situación actual, la pandemia de coronavirus Covid-19 puede provocar la
quiebra de 2.400 centros sanitarios privados, si se produce una segunda oleada de contagios
el número de centros cerrados puede ascender a los 5.000, según cálculos de la patronal.
"Nos preocupa ver que nos acercamos a una segunda ola y
no se están tomando las medidas necesarias para prevenir sus consecuencias", lamenta Rus.
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