El ministerio de Sanidad ha dado respuesta a las
peticiones de medidas económicas y de liquidez que desde ASPE se han hecho llegar al Gobierno desde el pasado 20 de marzo, tal y como ya adelantó
Redacción Médica.
Esta demanda del sector de sanidad privada ha sido motivada por la
desprogramación de toda actividad no urgente o preferente ordenada desde el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de promulgación del
estado de alarma y por la
brusca caída de ingresos ante la disminución de la demanda por la
pandemia de coronavirus Covid-19.
Según los datos de ASPE, "los
ingresos del sector han descendido en promedio un 85 por ciento respecto a la situación previa a la publicación del decreto de alarma", mientras al mismo tiempo "todos los centros sanitarios, con y sin internamiento, han mantenido sus infraestructuras y equipamientos", en diverso grado según su tipología e involucración directa en la gestión de casos de contagio de coronavirus.
ASPE señala que "el mayor deterioro se ha producido en los
centros sanitarios con internamiento – 460 hospitales
ASPE propone una batería de medidas económicas y fiscales para mantener la viabilidad del sector ante la crisis sanitaria
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asociados a ASPE, que representa al 80 por ciento del sector- que han estado y siguen estando en
primera línea de lucha contra el coronavirus". El resto, clínicas y centros sin internamiento, si bien han sido considerados también esenciales, "mantienen servicios mínimos para atender urgencias y casos relevantes en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento".
Sanidad considera que es "tarea prioritaria del Gobierno" estudiar las
medidas fiscales y económicas a aplicar "entendiendo la urgencia que la falta de liquidez puede ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando en el marco de esta situación de crisis".
Además, ASPE explica que "el Gobierno viene dictando medidas para
minimizar el impacto económico en gran parte del tejido productivo" y "los operadores del
sector sanitario privado no pueden ser una excepción, ya que resultan estratégicos, mantienen un servicio de primer orden en la lucha contra la pandemia, con inversión en recursos y medios, y cuando sus profesionales, aún con riesgo para su propia seguridad, están en la primera línea de la atención a los pacientes".
Es más, "estudia aquellas medidas que permitan proporcionar un
equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de los operadores del sector, con proporcionalidad y adecuación al amplio perfil de las empresas y sus servicios", en clara alusión a la adaptación de los recursos requeridos de la sanidad privada en función de la evolución de la epidemia sanitaria.
Reconocimiento al papel de privada ante la crisis sanitaria
El Secretario General de Sanidad, Faustino Blanco, en respuesta a ASPE reconoce y agradece el
papel de la sanidad privada en la lucha en la pandemia e indica que es "consciente del difícil papel que está desempeñando en estas semanas, así como el esfuerzo, sentido de la responsabilidad y disposición a la colaboración efectiva con la que están respondiendo los operadores del sector".
Carlos Rus, presidente de ASPE, señala que "mientras todos nuestros hospitales siguen en la asistencia a afectados por Covid-19, nuestro papel como patronal es subrayar la necesidad de articular estas medidas imprescindibles en el más corto plazo posible, por la imposibilidad de muchos centros de hacer frente a pagos corrientes durante este mes de abril".
Además, Rus considera que "estas palabras de reconocimiento son para el sector un motivo de orgullo ya que, en la raíz de nuestra existencia, se encuentra la
vocación de servicio a las autoridades y a más de 12 millones de ciudadanos españoles". Por último, añade que "son momentos de unidad, lealtad y apoyo a las autoridades y de servicio, solidaridad y entrega a nuestros pacientes; así lo hemos entendido desde un principio".
Viabilidad de la privada ante el coronavirus
Entre las medidas económicas que propone ASPE se encuentra:
exención de cuotas de la Seguridad Social durante el tiempo en que se prolongue el estado de alarma,
exención del pago de impuestos y retenciones del IRPF de los trabajadores durante ese mismo periodo, aplazamientos y/o bonificaciones en Seguridad Social y en el Impuesto de Sociedades e IBI y créditos fiscales por aumento de plantilla sanitaria.
Por otra parte, las propuestas se centran en la obtención de líneas de financiación y liquidez: acceso a líneas de financiación gratuita o con carencia en la devolución de principal para poder
acceder a la liquidez suficiente que permita hacer frente al gasto corriente; acceso a una línea de financiación específica para el sector, por importe del 75 por ciento de la facturación del sector hospitalario durante 2 meses; y la aprobación de fórmulas de cobro excepcionales.
Finalmente, solicita la
reducción del IVA sanitario a tipo superreducido para facilitar la adquisición de compras de materiales y equipos para la atención sanitaria.
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