Bajas médicas por IT: proponen integrar las mutuas en la Seguridad Social

El sindicato CCOO propondrá al Gobierno en el marco de las negociaciones que mantienen con el Ministerio de Seguridad Social transformar en entidades gestoras de naturaleza pública a las mutuas e integrarlas dentro de la Seguridad Social (sin dirección patronal) para mejorar el control del bajas médicas por Incapacidad Temporal (IT) sin generar un "conflicto de interés".

Esta es una de las principales propuestas del informe ‘Ni un día menos. El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras’ sobre la IT y sus prestaciones y presentado este jueves por el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo; y el de Salud Laboral y Medio Ambiente, Mariano Sanz, según informa Europa Press.

El planteamiento sindical es una alternativa a la propuesta de que las mutuas puedan gestionar las altas y las bajas de los trabajadores en caso de contingencia común y no solo las de contingencia profesional, en lo que ya tienen la competencia.

Para CCOO, el control de la incapacidad temporal debe ser público para no generar un "conflicto de interés", algo que pasaría si se permite a las mutuas controlar las altas y bajas en caso de enfermedad común, ya que las mutuas son entidades privadas, por lo que sus criterios de actuación responderán a criterios que establece una junta directiva compuesta por empresas.

"Si se quiere utilizar a las mutuas como un mecanismo adicional de refuerzo del sistema público, que sean públicas", ha reivindicado Bravo este jueves durante la rueda de prensa para presentar el informe.

En este sentido, ha explicado que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, por lo que son privadas y su junta directiva, que establece los criterios de actuación, está compuesta por las empresas asociadas a la misma. Sin embargo, están sujetas a control y regulación administrativa, se financian exclusivamente con cotizaciones a la Seguridad Social y se dedican exclusivamente a atender prestaciones sanitarias o económicas derivadas de Seguridad Social.

"No tiene sentido que sigan teniendo naturaleza jurídica privada", ha expuesto Bravo, que ha indicado, que ha defendido que el gran cambio de esta "publificación" supone que las juntas directivas y la gerencia de las mutuas debe ser designada desde el ámbito de la Seguridad Social.

"Seguirían estando igual que hoy lo están, bajo la dirección y supervisión y control de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, su publificación lo que significa es que su dirección, su línea gerencial, sus juntas directivas las designaría la Seguridad Social. Ese es el gran cambio que tiene", ha apuntado.

Para Bravo, este cambio también daría más seguridad a los 22.000 trabajadores de las mutuas que están en «tierra de nadie», ya que no son trabajadores públicos, pero tienen las restricciones propias del sector público en cuanto a la reposición de plantillas o a que están sujetas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre otras.

A partir de ahí, ha indicado Bravo, el Gobierno deberá definir el modelo de mutuas, que puede seguir siendo el actual, con una base fundamentalmente territorial, o puede ser un modelo por sectores de actividad como sucede en otro países.

¿Cuándo plantearán esta propuesta?

En esta línea, Bravo ha afirmado que plantearán esta propuesta el Ministerio de Seguridad Social "en próximas fechas", cuando se retomen las negociaciones que quedaron suspendida por la falta de avances en algunas materias ya pactadas y que están en «vías» de solucionarse.

Entre ellas, ha asegurado que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya están cursando instrucciones para corregir la errónea interpretación e inaplicación de lo pactado en el año 2021 en relación con los coeficientes reductores por jubilación anticipada, por lo que se van a recalcular todas las pensiones causadas desde el 1 de enero hasta ahora para adaptarlas a la pandemia de Covid-19.

Asimismo, ha explicado que se ha avanzado con Seguridad Social en relación con las condiciones de acceso a la jubilación parcial en la Administración, aunque ha reconocido que esto requiere una norma con rango de ley.