La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha celebrado la aprobación este miércoles de la PNL para la defensa y mejora de la asistencia sanitaria privada y su
contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), presentada por Ciudadanos, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
"Consideramos muy positivo el hecho de que el Congreso de los Diputados muestre este reconocimiento del importante papel que
desempeña el sector privado en el SNS y confiamos en que esto suponga un paso más en la dirección de la necesaria cooperación", afirma el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Esta PNL hace un llamamiento a "
reforzar la colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que se maximicen las sinergias con el objetivo de
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el bienestar de la ciudadanía". Asimismo, destaca cómo "la sanidad privada contribuye a cumplir con el Objetivo 3 de los ODS contemplados en la agenda 2030".
"El espíritu de la privada es siempre de colaboración"
Además, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a "
evitar la criminalización de la actividad sanitaria privada" que se puede desprender de algunos mensajes vertidos por las posiciones más radicalizadas y a "facilitar la participación de los representantes de la sanidad privada en el Observatorio de Salud adscrito al Ministerio de Sanidad, con el objetivo de impulsar un mayor intercambio de información y buenas prácticas sobre calidad asistencial e indicadores sobre
evaluación de la asistencia sanitaria".
"Pese al empeño por parte de algunos de
enfrentar a la sanidad privada con la pública, nosotros tenemos claro que nuestro papel no es enfrente sino al lado. Nuestro espíritu es siempre de colaboración, por lo que vemos muy acertada esta propuesta dirigida a un mayor intercambio de información que redunde en una mejor calidad asistencial para los pacientes en ambos circuitos", indica el presidente de ASPE.
La PNL también contempla el trabajo conjunto "entre las CCAA, las aseguradoras privadas y los profesionales sanitarios autónomos, para la
mejora de las condiciones de contratos y la seguridad jurídica de los mismos", de modo que también se garantice la sostenibilidad y el buen funcionamiento del sector privado.
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