El sector de la
sanidad privada apoya la decisión del
Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de
rechazar la adjudicación de la acción concertada para la prestación de asistencia oncológica en la Comunidad Valenciana, tal y como lo ha manifestado la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) en su último comunicado.
En concreto, la patronal de la privada se hace eco de los últimos informes negativos emitidos por la Abogacía de la Generalitat Valenciana y la Intervención General de esta comunidad sobre los “defectos” de la convocatoria, de los que comparte sus conclusiones, asegurando que “uno de sus principales argumentos es la discriminación con entidades con ánimo de lucro”. De hecho, ASPE interpuso por esta razón un
recurso judicial contencioso-administrativo contra la resolución de la convocatoria el pasado 12 de septiembre.
Asimismo, la organización que preside
Cristina Contel aprovecha en su último escrito para denunciar el “ataque sistemático y discriminatorio” que están sufriendo en esta autonomía las entidades sanitarias privadas, en especial, las que tienen ánimo de lucro, “por meras razones ideológicas”. De hecho, ASPE considera que la
ley ‘anticonciertos’ (la Ley 7/2017 de la Generalitat Valenciana) es “inconstitucional y discriminatoria”, tal y como trasladó personalmente al Defensor del Pueblo y al Gobierno de España.
Por estas razones, ASPE ha solicitado al Consell de la Generalitat, y en concreto, a su presidente
Ximo Puig, “que intervenga en este asunto para evitar la utilización de fórmulas de contratación discriminatorias e improcedentes”. El objetivo de esta entidad no es otro que “asegurar que todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana puedan acceder a una asistencia sanitaria ágil y de calidad”.
Por último, ASPE reitera la necesidad de garantizar “de forma rigurosa el establecimiento de unos criterios de adjudicación objetivos, transparentes, adecuados y suficientes para garantizar una atención sanitaria de calidad, apartándose de posiciones ideológicas que se limitan a diferenciar entre entidades con y sin ánimo de lucro, obviando criterios tan esenciales como resultados, calidad, eficiencia, satisfacción o seguridad en pacientes y trabajadores”.
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