La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera “un error financiar la sanidad pública a través de la asistencia privada”. Y lo ha dicho tras escuchar las últimas declaraciones del consejero de Salud de Cataluña, Antoni Comín, en las que pide promover y alentar que se realice la actividad sanitaria privada en centros públicos, anunciando incluso una instrucción para otoño con la que pretende “regular los riesgos de equidad que genera”.
En
una entrevista realizada a El País, Comín afirma que no quiere “prohibir la actividad privada de los operadores públicos porque es una fuente de financiación a la que no podemos renunciar”. Y asegura, además, “que hay muchos proveedores públicos que cuadran el presupuesto gracias a esta actividad”.
Ante estas afirmaciones, la presidenta de ASPE, Cristina Contel, manifiesta que “existen muchos modelos de financiación de la sanidad pública, desde los clásicos Bismarck y Beveridge a los más modernos y de eficiencia y eficacia constatada como el modelo sanitario de los Países Bajos, pero el ‘modelo-experimento’ que propone el Consejero Comín, ya está testado en Cataluña, donde sin alentar ni promover su implantación, como hace ahora, han ido sacrificando a los centros sanitarios privados del territorio”.
A modo de ejemplo, Contel pone el caso de Reus, “ciudad pionera y abanderada en la existencia de estas clínicas privadas, donde han pasado de tener nueve clínicas creadas a iniciativa de la sociedad civil a tener tan solo una en las últimas décadas”. Y añade que “si para que la sanidad pública pueda cuadrar sus cuentas debe sacrificarse al empresariado sanitario español, así como al potencial de creación de riqueza que genera para el país, invito a Comín a que eche cuentas de lo que supondría esta medida y de cómo Cataluña continúa”.
En su opinión, “a pesar de llevar realizando de forma intensiva está práctica a lo largo de los últimos años y habiendo puesto el contador de financiación a cero en el año 2009, teniendo un déficit endémico de alrededor de los 1.000 millones de euros anuales, y ello realizando actividad sanitaria privada en hospitales y servicios sanitarios públicos, con aprovechamiento de recursos humanos y materiales púbicos”.
Para ASPE, posicionamientos cómo éste, deben denunciarse porque es precisamente a través de medidas como la liderada por el consejero Comín con las que la sanidad pública crea “ciudadanos de primera y de segunda”, en una atención y estructura única cuyo espíritu responde a la prestación de una sanidad universal, gratuita y equitativa, en función de los recursos que cada ciudadano tiene.
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