Redacción. Madrid
El Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ha superado este miércoles su último trámite parlamentario, al ser aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad del Senado, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016. La ponencia en la Cámara Alta era el último escalón a sobrepasar, después de que el texto tuviera el visto bueno por la mayoría de los votos del Congreso (a excepción de PNV, Grupo Mixto, UPyD y La Izquierda Plural) a finales de mayo.
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José Muñoz Martín, vocal del PP en la Comisión de Economía del Senado.
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En concreto, este proyecto de ley establece una nueva metodología para el cálculo de solvencia de las aseguradoras, con el objetivo de garantizar que cuentan con capital suficiente, se mejoran la transparencia así como el gobierno corporativo y se refuerza la supervisión. La normativa fija una nueva metodología para asegurar la solvencia de estas entidades, a las que se incorporan nuevas exigencias en materias como la valoración de activos y pasivos, y se les obliga a presentar con periodicidad anual un informe sobre su situación financiera.
Como ocurriera con el texto en la Comisión de Economía del Congreso, en el Senado ha salido también adelante, con 23 votos a favor, 2 en contra y una abstención. El grupo parlamentario más mayoritario ha tumbado las 37 enmiendas presentados por otros partidos (Grupo Mixto, CiU, PNV y Entesa).
Por ello, y tras el trámite parlamentario, el texto final contempla la posibilidad de llevar a cabo un control de las prácticas de comercialización de los seguros por parte de las compañías, un trabajo que llevará a cabo la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sin necesidad de identificarse previamente, lo que se conoce como ‘mystery shopping’.
El objetivo de este proyecto de ley es tratar de minimizar las posibilidades de insolvencia, especialmente, en escenarios económicos adversos. Para ello, se realizarán cálculos de probabilidades y de eventuales situaciones económicas desfavorables, y se requerirá de una adaptación de la directiva europea de Solvencia II que se producirá a lo largo de este año, hasta culminar el primer día de 2016, cuando entre en vigor.
Por su parte, en materia de gobierno corporativo y de supervisión, el proyecto busca fortalecer estas campañas e incorporar modificaciones en el régimen de revocación de las autoridades administrativas y de la disolución y liquidación de estas entidades. “Lo importante de esta ley es el asegurado y el seguro”, ha puesto en valor el vocal del PP en esta Comisión, José Muñoz Martín. “Las competencias de las comunidades autónomas no se verán modificadas”.
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