Airef: una sanidad privada exenta de IVA cuesta 1.763 millones al año

La Autoridad  Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha presentado una propuesta específica sobre la eliminación del beneficio fiscal de la sanidad privada "por falta de datos concluyentes". Así lo refleja en las conclusiones del estudio elaborado por la Autoridad Fiscal y presentado este mismo miércoles sobre la eficiencia y eficacia de 13 beneficios fiscales, uno de ellos el de la sanidad privada, que tienen un coste total de unos 35.000 millones de euros, de los cuales el coste fiscal de la sanidad privada supone unos 1.763 millones de euros.

De tal forma que, aunque la AIRef aboga por una reformulación completa de las degradaciones fiscales por planes de pensiones, no ve concluyente que esta medida sea beneficiosa o perjudicial ni para la sanidad privada ni para la educación; ambas englobadas en un mismo análisis. Añade además que la 'recompensa' de este beneficio fiscal supone un coste de 1.763 millones de euros para el caso de la sanidad y 1.694 millones de euros para el caso de la educación.    

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La AIReF asegura que si se plantea el escenario de exención parcial "el aumento neto de recaudación sería inferior al estimado inicialmente"

Explica en su documento que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, es “compensado” por un mayor coste. Puesto que vaticina que una elevada proporción de la demanda, ahora satisfecha por el sector privado, se trasladaría al sector público. Aun así, la autoridad alega ser un resultado no concluyente puesto que “está sujeto al heterogéneo abanico de elasticidades que se han encontrado en la estimación”.

Cuando la autoridad independiente se refiere a las exenciones de IVA para los servicios de sanidad y educación privados se refiere, explica, a la posibilidad de no gravar dichos servicios. Algo que, según su análisis, generaría una desigualdad “neutral” con el objetivo de reducir los precios para facilitar el acceso a educación y sanidad privada y descongestionar el sistema público. Hay que recordar que esta extensión se encuentra generaliza en todos los países de la Unión Europea, no solo en España.

Así las cosas, la AIReF explica que la eliminación del beneficio fiscal conllevaría un aumento del coste para los pacientes en todos casos, “bien mediante el traslado del impuesto al precio del servicio sanitario o bien mediante su traslado al importe de la prima del seguro”. De hecho, la autoridad independiente cuantifica que el incremento en el coste de la sanidad pública de eliminar el beneficio fiscal de la privada puede ascender hasta los 2.145 millones de euros con valor de elasticidad-precio del 1,1.

En modo ejemplificado, refleja la AIReF que, para 2017, el incremento neto de la recaudación ascendería a 1.763 millones de euros de establecerse un IVA del 21 por ciento, por lo que, de acuerdo con los costes estimados en la sección anterior el resultado neto final dependería de la elasticidad de la demanda.

Un IVA del 21% para la privada supone un incremento de coste para la Administración "de hasta 2.145 millones de euros en el peor de los escenarios"

“Establecer un IVA del 21 por ciento supone un aumento de la recaudación de 1.763 millones de euros pero en cambio la asunción de la provisión de esos servicios supone un incremento de coste para la Administración de hasta 2.145 millones de euros en el peor de los escenarios (mayor elasticidad precio público-privada)”, ha insistido.

Por lo tanto, la AIReF matiza que el resultado final dependerá de en qué medida parte de la demanda privada sea absorbida por el sistema público. “Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente (básicamente, la atención odontológica para adultos)”.

Por todo ello, y si se plantea el escenario de exención parcial, explican que "el aumento neto de recaudación sería inferior al estimado inicialmente". Por un lado, ha de descontarse el IVA repercutido estimado para los servicios odontológicos y, por otro, calcular el IVA soportado en las compras e inversiones de los proveedores de estos mismos servicios, que se mantiene como no deducible. En 2017, el gasto en atención dental supuso el 41,43 por ciento del gasto sanitario privado.

"Este porcentaje -concluye el documento de la AIReF-, aplicado a las estimaciones de IVA repercutido y soportado para dicho año, permite cifrar el aumento neto de recaudación en 2017 en 1.127 millones de euros. Para completar los cálculos de este escenario han de eliminarse los posibles costes de sustitución de demanda privada por pública referidos a la asistencia odontológica, lo que arroja los resultados que se muestran en el cuadro".