"La concepción actual del SNS es incapaz de dar cobertura sin la privada"

La sanidad privada está viviendo uno de sus momentos más decisivos. Después de enfrentarse a la pandemia causada por el Covid-19 a lo largo del último año y medio (lo que ha provocado que el sector viva, por primera vez, un aumento de las listas de espera), ahora está pendiente del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión. En esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, se establece como "preferente" la gestión sanitaria pública. Una cuestión sobre la que el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ya ha presentado alegaciones.

El objetivo no es otro que “defender a la sanidad en su conjunto”, a través de la colaboración, en la que se normalice la existencia de la privada y deje, de una vez por todas, de estar “estigmatizada”, como asegura su presidente, Juan Abarca Cidón, en una entrevista para Redacción Médica. Una unión público-privada que, para el presidente del IDIS, se hace crucial también en el ‘modelo Muface’, elegido por el 80 por ciento de los funcionarios y que sin él, se cerrarían más de 100 hospitales privados en las provincias de la ‘España vaciada’.

Entrevista completa a Juan Abarca Cidón, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

El Ministerio de Sanidad ha impulsado el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, donde establece, entre otras novedades, la gestión sanitaria pública como "preferente". ¿En qué papel queda la sanidad privada con esta nueva normativa?

Tras salir a consulta pública, desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) hemos realizado una serie de alegaciones al anteproyecto desde el punto de vista de los modelos de gestión. Esta nueva normativa mantiene las diferentes fórmulas de gestión basadas en la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Y consolida, de alguna forma, tanto los modelos existentes de gestión privados, como la gestión pública indirecta, dejándolo al árbitro de cada comunidad autónoma. Asimismo, el proyecto normativo establece la gestión sanitaria directa admnistrativa como fórmula preferente, salvo que se pueda justificar otra. Algo que, en opinión del IDIS, es un error y un retroceso. Además de eso, en todo lo que tiene que ver con el sector sanitario puro (a través de la aportación de las compañías de seguros y los conciertos que tienen éstas con los hospitales) no hay, directamente, ninguna mención en el anteproyecto. 

¿Qué creemos desde el IDIS que supone esto? Una modificación sobre aspectos que tienen que ver con la equidad y la cohesión en sanidad. Desde la puesta en marcha de la Ley General de Sanidad del año 1986, el sistema sanitario público ha ido perdiendo inversión y, el privado, mejorando su calidad. Y durante la pandemia del Covid-19 se han evidenciado dos cuestiones: las debilidades que tiene el sistema sanitario público (tras una saturación en las listas de espera previa) y la participación fundamental de la sanidad privada en esta crisis. Desde el instituto creemos que no es una cuestión de defender a la sanidad privada, sino de defender a la sanidad en su conjunto y que todos los pacientes tengan la posibilidad de acceder a unos servicios básicos. Ante esta situación, ha quedado más que demostrado que se consigue con la colaboración del ámbito sanitario público y el privado. Y, de cara al futuro, necesitaremos que ambos sistemas sean interoperables para aprovechar todos los recursos. 

En conclusión, desde el IDIS no estamos pidiendo -ni muchísimo menos- que haya más actividad privada. Trabajamos con el principal objetivo de que el sistema sanitario funcione mejor, a través de una base pública. Y si no se tienen en cuenta todos los recursos, es absolutamente imposible que se dé una asistencia equitativa y de calidad. Creemos que ha llegado el momento en el cual, más allá de los conciertos, se normalice la existencia del sector privado, como ha pasado tras la pandemia, momento en el que se ha derivado pacientes con Covid-19 a este sector sin ningún tipo de problema. Mientras no se normalice esa actividad, la sanidad privada estará permanentemente estigmatizada y todos vamos a salir perjudicados.

¿Sienten que se está arrinconando aún más al sector con iniciativas como estas?

Abarca Cidón ahonda en la sanidad tras la pandemia y el mutualismo administrativo en la 'España vaciada'.

No creo que sea un intento de arrinconar a la sanidad privada, porque somos un sector que da asistencia a 9 millones de pacientes con seguro de Salud y al 80 por ciento de los funcionarios, además de contar con 480 hospitales. Creemos que esta iniciativa del Gobierno es una respuesta a unos socios que están en contra de todo lo que tiene que ver con la colaboración público-privada y, por supuesto, con el 'modelo Muface'.

El sector sanitario privado necesita una presencia normativa, porque el sistema no da para más, pero eso choca con los principios ideológicos. Llevamos más de 30 años reflexionando con que hay que hacer reformas en sanidad, pero nadie las escuchaba, agarrándose en que España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y unos grandes profesionales. Pero desde el año 2008 hemos entrado en un ciclo de falta de inversión que la pandemia ha terminado de reventar. De hecho, la Atención Primaria, que es el acceso al sistema, está absolutamente destrozada y desmotivada, y esa situación se junta con la entrada a un ritmo acelerado de la transformación digital y la gestión empresarial. O adaptamos las estructuras o la sanidad se va a quedar claramente atrás. 

¿Qué puede suponer para el SNS, especialmente tras la pandemia del Covid-19, no contar con la privada o restringir su cooperación en el futuro? 

En España tenemos una sanidad privada que, históricamente, ha estado siempre presente, antes incluso que la pública. Pero, a través de la colaboración de ambos sectores, conceptualmente en nuestro país se entiende que el Sistema Nacional de Salud (SNS) somos todos, con una gran parte -obviamente- de base pública y otra, privada, integrada. 

Por ello, una de las cuestiones que reclamamos -y lo hemos incluido en las alegaciones al anteproyecto- es el tema de la continuidad asistencial, porque de no realizarla, el único que sale perjudicado es el paciente. Lo lógico es que el usuario con seguro de Salud privado tenga una continuidad asistencial en el público si no le cubre la cobertura, así evitas ineficiencias, sobrecostes y duplicidades. De hecho, considero que el SNS, tal y como está actualmente entendido, no es capaz de dar cobertura asistencial sin la privada. 

Por ello, el sistema sanitario debe ser un gran paraguas para que los pacientes, en función de su liberad, puedan moverse libremente por él y tener una continuidad asistencial tanto a nivel hospitalario como en Primaria. Y todo lo que no sea eso, es ir en contra de lo que quiere el paciente y de la eficiencia de los recursos. En España tenemos un sistema público que se basa en derechos fundamentales de los trabajadores, a través de la gestión sanitaria directa. Pero la Medicina y la asistencia son tan complejas que ya no es solo una cuestión del trabajador, sino que también interviene la tecnología, la protección de datos, el derecho sanitario, etc. para conseguir obtener los mejores resultados. No puede predominar la gestión sanitaria administrativa o directa. Debe ser bajo criterios empresariales, ya sea a través de instituciones públicas o privadas. 

Considero que blindar la sanidad pública no tiene nada que ver con blindar el modelo de gestión sanitaria directa. Hay muchas instituciones sanitarias en España que están gestionadas por empresas públicas pero los trabajadores no son funcionarios ni personal estatutario, por lo que pueden medir resultados, ser transparentes y descartar al que no trabaje. En sanidad es una cuestión de rendir y si no lo haces, el sistema es insostenible. 

Con esta normativa, creemos que el Gobierno está haciendo equilibrios porque, por un lado, sabe que lo correcto es mantener las fórmulas de gestión indirecta en la sanidad pública pero, por otro, tiene que contentar a su socio natural, lo que parece una contradicción: refuerza la Ley 15/1997 dentro de la Ley General de Sanidad pero marca como preferente la gestión pública directa. Con ello, como decía, no se van a conseguir resultados ni eficiencia y es posible que roce con algunas otras leyes como las relativas a la libertad de las comunidades autónomas para elegir un modelo sanitario u otro, o las relativas a la contención del gasto presupuestario. 

Cristina Alcalá, jefa de Empresas de Redacción Médica, y Juan Abarca Cidón, presidente del IDIS, en un momento de la entrevista.

Debido a ese choque normativo que comenta, ¿es posible que este proyeto normativo pueda ser recurrido y derogado por la Justicia? 

Actualmente está en consulta pública y las instituciones podemos alegar antes de que pase al trámite parlamentario. He tenido acceso al documento de las alegaciones y en ellas se ha recordado este aspecto de choque con otras normativas. Obviamente, si el Gobierno saca una ley que incumple otras, se expone a que la declaren nula y no se pueda aplicar. 

En el caso en el que salga adelante con los apoyos parlamentarios, ¿el sector sanitario privado se plantea recurrirla?

¿En el caso de que saliera sin ninguna modificación?

Tal cual está planteada.

Considero que el sistema sanitario público, como lo entendemos actualmente, está llegando al final del camino y ha quedado demostrado que no puede regirse por la ideología ni la demagogia. Actualmente, no sabemos realmente la lista de espera que hay para acceder al sistema, a través de la Atención Primaria, porque este nivel asistencial está destrozado y desmotivado. No olvidemos que la Primaria es la puerta de entrada a la sanidad en España. Y cuando consigues acceder, te dan consultas para meses, tanto para la Especializada como para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Eso es inaceptable. 

De hecho, ahora ves a la gente haciéndose seguros de Salud privados por 20 euros solamente para acceder a las consultas médicas porque no tienen capacidad para acceder a los servicios básicos. Cuando las cosas llegan a ese punto, es un claro reflejo de que el sistema sanitario público está muy pero que muy enfermo y necesita medidas. Y no creo que este Goberno vaya a permanecer ajeno y dé la espalda a esta realidad. Espero que todo este tipo de consideraciones finalmente se tengan en cuenta, no sé si a través del famoso Pacto por la Sanidad, pero tienen que haber unos mínimos y espero que el Ejecutivo lo entienda, lo vea y no se deje influenciar.

"Blindar la sanidad pública no tiene nada que ver con blindar el modelo de gestión sanitaria directa"

¿De qué herramientas puede disponer la sanidad pública para garantizar su viabilidad y eficiencia de los recursos en los próximos años sin el apoyo de la privada?

Cuando tienes una sobresaturación de la actividad y de la demanda, ya seas público o privado, tienes que ser eficiente y establecer protocolos para medir resultados. De lo contrario, todo lo que sea continuar apostando por la gestión sanitaria pública directa que, insisto, no es la única forma de gestión sanitaria pública, es contribuir a la falta de transparencia, de eficaca y de medir los resultados. Y, por tanto, a que no tengas capacidad para ejecutar decisiones en un momento determinado. 

Si no tenemos claro que hay que cambiar ese modelo de gestión, esto no tiene solución. El sistema sanitario público cada vez será peor y el privado, cada vez más grande por la demanda. Y no es eso lo que queremos. La sanidad privada tiene que ser un complemento y una ayuda a la pública, a través de una atención más personalizada y menos masificada. Si realmente no se toman en serio estas reformas, vamos hacia un sistema sanitario público que irá perdiendo cada vez más eficiencia. 

En sus alegaciones a este proyecto de ley, Podemos propone la eliminación progresiva del ‘modelo Muface’ y acabar con la “atención diferenciada” de una parte de la población. ¿Qué puede suponer para la privada la eliminación total de los conciertos sanitarios de Muface? 

La libertad de elección sanitaria que tienen los funcionarios es un derecho adquirido de hace más de 200 años. Además de eso, este colectivo paga un plus por tenerla, no les sale gratis: pagan un 40 por ciento de las medicinas y, aún así, el 80 por ciento de ellos elige sanidad privada.

Ahora que está tan en auge el concepto de 'España vaciada', el 'modelo Muface' consigue vertebrar el sistema sanitario a nivel nacional, ya que el funcionario otorga base a la sanidad privada en aquellas provincias donde dependen mayoritariamente de él. En estos casos, el hospital privado se mantiene fundamentalmente del funcionario y, a su vez, ese hospital sirve de apoyo a otro centro público cuando hay que derivar pacientes para reducir la lista de espera, convirtiéndose también en una de las principales empresas de la ciudad.

Eliminar los conciertos sanitarios con Muface supone el cierre de 100 hospitales privados, especialmente en provincias de la 'España vaciada' y me parece una demagogia fácil que no se ha valorado. De hecho, el PSOE ha renovado este modelo, subiendo las primas hasta un 10 por ciento. Por algo será, porque si se quisiera acabar con él, ya lo hubieran hecho. Y el que gobierna se da cuenta de que eliminar el 'modelo Muface' es una locura para todos y que sin su vertebración, haría caer todo el funcionamiento del sistema sanitario. 

Un momento de la entrevista a Juan Abarca Cidón en el plató de Redacción Médica.

¿Consideran que el ‘modelo Muface’ debería extenderse a otros colectivos de la población y no solo limitarlo a los funcionarios? 

No concretamente. En el caso del mutualismo administrativo, está claro que es un sistema que funciona muy bien y es eficiente, querido por el 80 por ciento de los funcionarios y que ahorra una cápita de entre un 30 a un 40 por ciento. Lo que hay que hacer es financiarlo correctamente para que las aseguradoras no se quieran ir, como ha pasado en el último concierto. 

Desdel el IDIS queremos que la sanidad pública funcione bien y atienda a todos los pacientes. Y en esto, la sanidad privada no puede ser la solución para aquellos que no puedan acceder al sistema. En nuestro manifiesto, al que se han adherido más de 127 entidades empresariales y asociaciones de pacientes, abogamos por una sanidad colaborativa, integrada, digital, que innove, que no tenga 450 días de retraso en admitir fármacos, que no esté obsoleta, etc. Porque estamos totalmente convencidos de que para que el sistema sanitario funcione bien, el público debe hacerlo también. 

¿De qué manera ha impactado la pandemia del Covid-19 en el sector sanitario privado? ¿Cuáles son los grandes daños colaterales? 

El daño más importante que hemos sufrido ha sido el incremento de costes de hasta un 30 por ciento, especialmente, por la falta de enfermeros. Por ello, abogamos que, en época de circunstancias complicadas y de máxima demanda como una crisis, se debería permitir que no solamente sea necesario personal de Enfermería el que, en un momento determinado, ponga una vacuna o realice una PCR. Intentemos ser pragmáticos o sino es imposible. 

También hemos sufrido, obviamente, problemas de abastecimiento de materiales, medicación, etc. Además de eso, a la sanidad privada le impacta muchísimo el tema de la electricidad y el sobre coste de las energías, lo que ha supuesto un incremento muy importante en la infracción de nuestros costes. Veremos hasta qué punto las aseguradoras son capaces de subir las primas lo suficiente como para compensarlos. No obstane, en España tenemos la gran suerte de tener un sistema sanitario privado de los mejores que hay en el mundo.

¿En qué aspectos o técnicas médicas están viendo incrementar la lista de espera?

En todas las consultas, de manera generalizada, las listas de esperas se han incrementado. Y, además, estamos asistiendo a ese fenómeno que he comentado antes con los seguros. El seguro se limita a dar una demanda a lo que necesita la gente. Pero si los ciudadanos necesitan acceder al sistema y a los servicios básicos, eso también colapsa la sanidad privada, porque crece el número de asegurados que quieren entrar en el sector privado porque el sistema público no tiene capacidad. 

"Continuar apostando por la gestión sanitaria pública directa es contribuir a la falta de transparencia"

¿Está este ámbito cerca de colapsar si no se toman medidas al respecto? 

No, a colapsar no porque la sanidad privada tiene capacidad de hacer más hospitales, pero obviamente se deteriora el servicio que damos a nuestros pacientes, porque si tenemos lista de espera es mucho más complicado dar asistencia. Colapsar no colapsaremos porque esa circunstancia se daría si hubiera una tercera alternativa, pero no la hay: aquí hay sanidad pública o privada, no otra. Por lo tanto, no es un colapso, sino un deterioro del sistema sanitario público en el que el privado también corre el riesgo de que empeore. 

Desde 2019 lleva como presidente del IDIS, una institución que no es ajena para usted, pues también fue su secretario general. ¿Qué retos les esperan a la sanidad privada en este momento post pandemia? ¿De qué manera puede conseguir la institución ampliar y consolidar el papel del sector dentro del SNS? 

El reto es conseguir dar a entender a la gente que el IDIS no representa los intereses de la sanidad privada, para eso están las patronales, sino al sistema sanitario en su conjunto. Nosotros queremos que el sistema vaya mejor y si no fuese así, no estarían representados todos los agentes. No obstante, la sanidad privada representa el 30 por ciento del sistema y no se le puede excluir ni quitar valor. 

El IDIS es la única institución que realmente vela porque las cosas funciones mejor y que no tiene, por decirlo de alguna forma, pelos en la lengua. Por ello, tenemos que conseguir trasladar la voz de alarma para que se hagan los cambios que necesita el sistema sanitario. No para que haya más sanidad privada, no, para que el sistema sea más equitativo, innovador, digital, integrador, colaboratorio y que cuente con los profesionales. Nuestra misión es nuestra visión.