"Estamos en el escenario inicial de reclamaciones sanitarias por el Covid"

Conocer el impacto jurídico ocasionado por la pandemia de Covid-19 en la cobertura de la responsabilidad civil médica ha sido el objetivo de la jornada jurídico-legal REShE 2020 organizada por Sham, aseguradora especialista en el sector sanitario y socio sanitario.

Este encuentro ha reunido a diferentes personalidades del sector médico y jurídico para analizar exhaustivamente las posibles reclamaciones patrimoniales y de responsabilidad civil que la gestión del coronavirus pueda provocar.

Jaime Noguera Laborda, responsable legal de Sham en España, ha sido el encargado de presentar esta jornada donde ha destacado que “el Covid-19 nos ha implicado de una manera muy importante” ya que la exposición del sector sanitario ha llevado a adquirir un alto riesgo de reclamaciones.

Exposición del sector sanitario

Aunque el número de reclamaciones es bajo, Jaime Noguera ha afirmado que aún se está “en un escenario inicial”. El responsable legal de Sham en España ha presentado al primer ponente de este encuentro, Antonio López Porto, secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

“Por el momento el número de reclamaciones no ha sido especialmente llamativo, en muchos casos no han quedado claras las secuelas y los efectos lesivos”, ha comenzado explicando Antonio López, para reiterar que “si bien es verdad que el número de reclamaciones es mínimo, en estas circunstancias el número es aún más pequeño”.

Dentro de las posibles reclamaciones que se presenten en un futuro, el secretario general del Sermas ha apuntado a que es esencial “verificar a quién es imputable los actos que se reprochan”. Una vez que esta situación sea resuelta, se tendrá que analizar los motivos de reclamación. Para Antonio López existe una distinción clara entre las reclamaciones asistenciales y no asistenciales, y dentro de estas las asistenciales derivadas de pacientes de Covid-19 y de los pacientes de otras patologías que, de forma colateral, hayan sufrido efectos de la pandemia.

Ausencia de recursos durante la pandemia

También destaca la falta de tratamiento por ausencia de recursos humanos o de medios materiales como la falta de respiradores que llevaron a “tomar decisiones dolorosas, algo que no ha sido exclusivo de nuestro país. Por ese motivo, el Ministerio de Sanidad emitió un documento para ayudar a los profesionales sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia”.

Dentro de los motivos de reclamación apunta a los efectos secundarios que haya podido provocar una determinada medicación, la falta de asistencia en la sanidad pública que obligó al paciente a acudir a la sanidad privada o la falta de información a los familiares de los enfermos aislados, algo que provocó “desasosiego porque muchos de ellos no tuvieron información de su familiar ingresado”.

Reclamaciones patrimoniales del personal sanitario

En cuanto al personal sanitario, el secretario general del Sermas ha detallado que las reclamaciones pueden ir encaminadas por la falta de prevención en riesgos laborales, el desabastecimiento de medios “motivado por problemas de desabastecimiento en el mercado”, el gran número de contagios de covid y los materiales de protección que pudieron ser defectuosos.

Una responsabilidad patrimonial sanitaria en relación con el Covid-19 para que la todavía no se dispone de una doctrina pero “sí disponemos una jurisprudencia específica, son criterios que existen y que para las reclamaciones de Covid deben situarnos en el lugar y en el momento de los hechos”.

Antonio López ha querido recalcar durante su exposición que “los conocimientos sobre la pandemia han ido cambiando. La forma de tratar la enfermedad ha ido cambiando porque los protocolos clínicos están vivos”, además de reiterar que en los primeros meses sí que hubo un desabastecimiento de material que ahora se ha solucionado.

La seguridad del paciente, prioritaria e imprescindible

Una intervención que terminaba con una reflexión sobre el futuro del sistema sanitario: “La pandemia ha puesto de manifiesto que para tener capacidad de respuesta son fundamentales la autonomía de gestión, la transparencia de datos independientes de la política, así como la capacidad de rendir cuentas a la sociedad compartiendo las incertidumbres ligadas a una situación como la pandemia. Debemos aprender y mejorar aprovechando los cambios impuestos por la pandemia para consolidar un sistema de salud que busque proporcionar la mejor calidad existencial debiendo considerar la seguridad del paciente como una dimensión prioritaria e imprescindible”.

En cuanto al segundo ponente, Rafael Gomàiz i Parra, cap de l’Assesoria Jurídica Servei Català de Salut, ha dado su visión sobre los posibles escenarios de responsabilidad de la Administración Pública en esta pandemia y ha informado sobre las reclamaciones que ya han recibido en cuanto a la problemática del desabastecimiento de equipos de protección individual (EPI’s).

Rafael Gomáiz ha explicado que “entre marzo y abril, el Servicio Catalán de Salud ha recibido más de diez demandas de solicitud de medidas cauterales a instancia de los sindicatos por la falta de EPI’s. Reconocían la problemática mundial de desabastecimiento pero a su vez había un reconocimiento, por parte de la administración, de que no se estaba pudiendo llegar más de donde se llegaba”.

Covid-19: una fuerza mayor

En cuanto al futuro, Rafael  Gomáiz ha querido dejar constancia de las dos propuestas que se realizaron al Ministerio de Sanidad para intentar reducir las posibles reclamaciones futuras derivadas del Covid: “Por parte de departamento salud de Cataluña se sugirieron dos propuestas de modificación normativa al ministerio que no han prosperado. Yo propuse una norma para excluir de responsabilidad la falta de EPI’s por entender que la situación de posible vulneración de la normativa sobre prevención de riesgos laborales estaba motivada por una situación excepcional, una fuerza mayor, y que por lo tanto esto podía excluir”.

En cuanto a la segunda propuesta normativa, el responsable de la asesoría jurídica afirmaba que  “lo que propusimos fue la modificación de la ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público que era una modificación en el mismo sentido, o parecido, a la que se produjo cuando hubo la avalancha de reclamaciones por VIH. Esta propuesta era entender, desde un punto de vista legal, que pudiera establecerse en el articulo 34 de la ley que no serían indemnizables los daños producidos por determinadas cuestiones  no de manera general, por la incidencia, cancelación o retraso en programación o procesos diagnósticos por el Covid por entender que este es una fuerza mayor. Por lo tanto, consideramos que con esto minimizaríamos bien los riesgos de posibles reclamaciones sin limitar, lógicamente, los derechos de los ciudadanos que en el caso de una mala praxis, ya que tienen el derecho de reclamar a las administraciones”.