El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (
IDIS) ha mostrado su "pleno respaldo" a la posibilidad de que se plantee una
enmienda a la Ley Orgánica 1/2015 del
Código Penal, a raíz de
la información publicada por Redacción Médica en este sentido. Esta norma, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, reconocía como
delito de atentado las agresiones a médicos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, pero no así a los facultativos que trabajen en el
sector privado.
"No contemplar a los facultativos de la sanidad privada supone un
grave perjuicio para los profesionales que trabajan en ella", explican desde el IDIS en un comunicado, por lo que consideran que es "imprescindible una enmienda al Código Penal para que todos los médicos, en el ejercicio de sus funciones asistenciales, e independientemente del centro donde realicen su labor facultativa, sean considerados
autoridad pública".
Y es que desde el sector privado defienden que sus profesionales "realizan las mismas funciones y presentan idéntica formación y capacitación, tanto legal como colegial, para el desarrollo de su trabajo", por lo que están de acuerdo con la iniciativa planteada por los expertos, que consideran
"necesaria" ante el aumento de las agresiones a sanitarios que se ha experimentado en el último año.
Aportación de la privada
Por ello, desde el IDIS esperan que
"las autoridades sean sensibles a esta petición y que reconozcan la aportación de la sanidad privada y de sus profesionales", tanto porque "su actividad es fundamental para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" como porque "una de las prioridades de las autoridades sanitarias debe ser conseguir la máxima seguridad para todos los profesionales, sin importar el tipo de organismo, público o privado, en el que trabajen".
El instituto de la sanidad privada ha realizado este comunicado a raíz de la información publicada en este periódico en la que el abogado
Ricardo de Lorenzo, letrado experto en Derecho Sanitario del bufete De Lorenzo Abogados, explicase la necesidad de la enmienda al Código Penal para que se eliminen las actuales diferencias en la protección de los médicos.
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