Rebecca Bredow vive con su hijo de nueve años en un suburbio de Detroit, en el estado de Michigan (Estados Unidos). Esta mujer divorciada es noticia porque puede ir a la cárcel si no vacuna en los próximos días al menor, ya que una orden judicial le obliga a ello. Y no parece que tenga intención de hacerlo: "No puedo rendirme en contra de mi propia creencia religiosa", asegura a The Washington Post. "Se trata de una elección, de poder tomar mis propias decisiones médicas como madre sobre mi hijo".
Rebecca está envuelta en una batalla legal con su ex marido, James Horne. En noviembre pasado, una corte del condado de Oakland le dio la razón al padre e instó a la progenitora que inmunizara a su hijo. Pero hasta ahora ella no lo ha cumplido. El juez le había dado hasta semana para se actualizara con el calendario de vacunación médicamente permitida, es decir, ocho inyecciones.
La pareja comparte la custodia del hijo. Según la madre, cuando su retoño nació en 2008 había acordado con el padre retrasar las vacunas durante tres meses. Dos años más tarde, en 2010, y siempre según la versión de la mujer, ambos pactaron suspender todas las inmunizaciones, con lo que el chaval no ha recibido una inyección desde entonces.
Según una investigación de 2016 publicada en el Journal of Farmacología y Terapéutica Pediátrica, los padres que retrasan o rechazan las vacunas para sus hijos lo hacen por una serie de razones, incluyendo creencias religiosas, personales y filosóficas, preocupaciones por la seguridad o un deseo de obtener más información por parte de las autoridades sanitarias.
Michigan permite exenciones religiosas
Casi 20 estados, incluyendo Michigan, permiten exención por motivos religiosos y personales. Sólo tres, California, Mississippi y Virginia Occidental, no dan validez a este tipo de excepciones.
Precisamente en el estado donde reside Rebecca, los padres o tutores de los niños matriculados en escuelas públicas y privadas deben asistir a una sesión educativa, en la que aprenden sobre las enfermedades que las vacunas pueden prevenir, antes de que se les otorge exenciones para fines no médicos. La mujer alega que ella sí ha acudido a este tipo de cursos.
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