Pediatría asegura que apoya a la médico que activó el
protocolo por
posible abuso sexual a una menor tras un
diagnóstico erróneo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tanto la Asociación Española de Atención Primaria (
AEPap) como la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (
Andapap) defienden que se ha protegido el
interés de la paciente por encima de cualquier consideración.
Esta defensa viene a raíz del
juicio –del que informó el
diario ABC–, que comunicó una sospecha de
posibles malos tratos tras atender a una menor. La asociación recalca que únicamente actuó conforme a los
protocolos establecidos en
Andalucía.
En un primer momento, el diagnóstico dio positivo en "
herpes tipo 2", una enfermedad de transmisión sexual. Ante una posible situación de maltrato infantil, en la tipología de
abuso sexual infantil, y siguiendo el Protocolo de Actuación frente a este maltrato implantado en Andalucía, lo comunicó a las autoridades competentes. Al final resultó que la menor padecía una
úlcera de Lipschutz, posiblemente relacionada con el estrés.
Tras la publicación de la noticia, la AEPap, al igual que la Andapap, hace "un llamamiento a la
responsabilidad de los medios de comunicación”, tal y como ha subrayado
Narcisa Palomino Urda, vicepresidenta de AEPap y responsable del Grupo Familia y Menores de Andapap.
La pediatra su "deber profesional y legal"
“La AEPap recuerda que la pediatra no denunció a nadie, sino que comunicó una sospecha, como es su
deber profesional y legal, y no hay pediatra en su situación que no hubiera hecho lo mismo. En este sentido –prosigue el comunicado– la asociación recuerda que los pediatras no son en ningún caso los encargados de
condenar a nadie, pero sí de
activar las medidas pertinentes para
informar a las autoridades competentes de que un menor pueda estar en
riesgo. Es a dichas autoridades a quienes les compete investigar si hubo o no maltrato”, remarcan.
“La lucha frente a la v
iolencia contra la infancia y la
adolescencia debe ser una prioridad en las políticas de protección a las personas menores de edad. Siempre se debe regir por el interés superior del menor. Esto solo es posible si se coordinan las distintas instituciones implicadas (Salud, Educación, Justicia, Servicios Sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado)”, prosiguen.
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"Tenemos la obligación de poner en conocimiento cualquier situación de sospecha de maltrato infantil"
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En el ámbito sanitario, ambas sociedades científicas recuerdan que, tanto a nivel andaluz como estatal, “los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en contacto con menores, tenemos la
obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier situación de sospecha o de certeza, si la hubiera, de
maltrato infantil”.
“Corresponde a otras instancias la investigación y resolución de los hechos, pudiendo comprobarse o no que haya existido dicho maltrato. La
sospecha no siempre va seguida de certeza. En una sociedad que está tan poco concienciada ante esta realidad, se está poniendo en cuestión, por tanto, la herramienta que posibilita la
atención al maltrato en las personas menores de edad", afirman.
La mayoría de estos abusos se producen en el entorno cercano
Palomino Urda recuerda que algunas estadísticas señalan que hasta uno de cada cinco menores de 18 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual, de forma aislada o reiterada. Además, en el
95 por ciento de estos casos, el
agresor es un
varón que pertenece al
entorno cercano del niño hasta en el 75-80 por ciento de las ocasiones.
“Los pediatras son los agentes sociales que pueden detectar y conocer de primera mano los problemas a los que se enfrentan los menores desde los primeros días de vida hasta la adolescencia y dar la voz de alarma, activando los mecanismos oportunos establecidos para ello. Y eso es un compromiso con los menores, su integridad, sus familias y con la sociedad”, concluye por su parte
Nuria Martínez Moral, presidenta de Andapap.
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