La
Asociación Española de Pediatría (AEP) ha publicado una nota de prensa para aclarar la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La polémica surgió el pasado 21 de junio, tal y como se hizo eco
Redacción Médica. La justicia europea resolvía una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal de Casación de Francia en relación con la demanda de un paciente y su familia, por el reconocimiento de que la vacuna frente a la
hepatitis B fue la causante de la
esclerosis múltiple que padeció.
Casi inmediatamente se produjeron reacciones que reflejaban la preocupación y desconcierto al entender que dicho veredicto pondría en serias dificultades el desarrollo de los
programas de vacunación, al interpretar que el TJUE admitía la relación causal entre la vacunación frente a la hepatitis B y la esclerosis múltiple, basándose únicamente en razones como la
relación temporal entre ambas, la ausencia de antecedentes en el paciente y su familia relacionados con la esclerosis múltiple y en la incapacidad de la ciencia para aclarar las causas de esta enfermedad.
Sin embargo, la
AEP ha contactado con especialistas de derecho para explicar qué supone realmente esta medida. En su comunicado señalan que el fallo del organismo "no establece que baste una correlación temporal entre la vacunación y una
enfermedad para probar una relación de causalidad entre ambas”. Así, “un análisis pormenorizado de la sentencia del
TJUE permite interpretar que no establece que sea suficiente eso para admitir una relación causal entre ambas”.
En ese sentido, defienden que “es científicamente falso que no poder demostrar la falta de relación causal entre dos hechos signifique prueba de la existencia de dicha relación. Asumir este supuesto, no exigir pruebas de causalidad aún en ausencia de pruebas de no-causalidad, convertiría a la correlación en un sinónimo de causalidad, lo cual no es compatible con las bases del conocimiento científico”. Por eso, aunque “las
resoluciones judiciales y el
conocimiento científico pueden no caminar de forma paralela siempre, cuando las primeras contradicen a las evidencias científicas en cuestiones de gran sensibilidad social, debe hacerse un llamamiento a la reflexión multilateral abierta y transparente”. No hay que olvidar, recalcan, que “
justicia y
ciencia se necesitan mutuamente y ambas constituyen, por sí mismas, elementos críticos e imprescindibles en el desarrollo humano y social”.
“Ningún cambio sustancial”
En conclusión, “la sentencia del TJUE no constituye ningún cambio sustancial en la jurisprudencia respecto al tema debatido. Esencialmente, es la
jurisdicción francesa quien debe decidir sobre el fondo de la cuestión concreta planteada en el caso que ha dado lugar a este
debate”.
De ahí que, como dice la especialista en la temática
Dorit Reiss, de la
Universidad de California, la sentencia europea “busca un cierto equilibrio entre los
derechos individuales y los de la sociedad en la prevención de las enfermedades”. En todo caso, la aplicación concreta de la sentencia por los
jueces nacionales dará la clave final sobre el sentido e impacto del fallo del TJUE.
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