La Asamblea Nacional de Francia se plantea imponer sanciones judiciales y financieras más estrictas a los fabricantes de alimentos que vendan productos contaminados. El último caso más sonado ha sido el de
Lactalis, el mayor grupo lácteo del mundo, quien tuvo que
retirar más de 12 millones de latas de leche para bebés en Francia y en todo el mundo, produciendo un escándalo que
golpeó la reputación de la industria agroindustrial de Francia en los
mercados extranjeros, incluido el español.
La Asamblea Nacional de Francia lanzó una
investigación especial sobre el escándalo, que se profundizó cuando los errores en el retiro masivo de productos dejaron leche para bebés potencialmente contaminada en las estanterías de las tiendas. En España, estos productos se saldaron con
dos bebés afectados por
salmonela tras su consumo, así como con la
retirada de todos los lotes de un total de 37 referencias de las marcas 'Sanutri', 'Damira' y 'Puleva Bebe'.
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Imponer una tarifa a los productores de alimentos para financiar las inspecciones recaudraría 270 millones de euros
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En sus conclusiones, los legisladores recomendaron sanciones judiciales y financieras más estrictas contra los fabricantes de alimentos en caso de que vendan un producto contaminado.
"Aquellos que no sigan las reglas deben sufrir las consecuencias: sanciones penales y financieras que serán mucho más importantes que las actuales", ha afirmado
Gregory Besson-Moreau, jefe del comité, en unas declaraciones recogidas por
Reuters. Las sanciones estarían en relación con la rotación de la compañía, en lugar de cantidades fijas, ha añadido.
También ha sugerido imponer una tarifa a los productores de alimentos para
financiar las inspecciones estatales, algo que la Unión Europea ha permitido. Hacer esto supondría
recaudar 270 millones de euros por año y conducir a la creación de
800 puestos de trabajo en una nueva "
policía de seguridad alimentaria" que dependerá del ministro de agricultura, ha explicado.
Los agricultores estarían excluidos del impuesto adicional
Actualmente, las inspecciones de alimentos en Francia se dividen en tres administraciones:
economía, alimentación y salud, lo que ha creado
lagunas y confusiones en crisis anteriores.
Entre principios de abril y mediados de junio, el comité de investigación sobre el caso Lactalis celebró
35 audiencias, cuestionando a los ministerios involucrados; al presidente ejecutivo de Lactalis,
Emmanuel Besnier; a los
directores generales y altos directivos de las cadenas minoristas,
sindicatos y
funcionarios de inspección más grandes de Francia.
Lactalis se ha negado a comentar el informe, pero ha respondido que respetaría cualquier nueva reglamentación.
También se necesitaban
verificaciones mejoradas e información al consumidor dado el riesgo de "
terrorismo alimentario" - contaminación deliberada o envenenamiento - dijeron los legisladores franceses.
En un informe separado entregado el martes al ministro de Economía,
Bruno Le Maire, un organismo de asuntos del consumidor enfatizó en la necesidad de revisar el proceso de retirada de productos en Francia. Le Maire adoptó su propuesta de
utilizar los datos bancarios de los clientes para
identificar y contactar a las personas que compraron productos sospechosos y acordaron crear un sistema que bloquee los productos retirados del mercado en las cajas.
También anunció el lanzamiento de un único sitio web de Internet para recopilar información en caso de una crisis de salud.
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