Han pasado tres meses desde que el Ministerio de Sanidad
autorizara la venta de test covid sin receta en las
farmacias para ayudar a la detección de contagios. El siguiente punto a debatir en el Congreso de los Diputados será su posible financiación por parte de las arcas públicas.
La petición lleva la firma de Vox, a favor de adoptar las medidas necesarias para la
actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, de manera que incluya las pruebas de autodiagnóstico Covid-19 dispensadas en farmacia. De esta forma, pide que sea el departamento de Carolina Darias el que
absorba "total o parcialmente" el gasto de estos test "hasta que se declare el fin de la crisis sanitaria en España".
La formación considera que
eliminar su coste ayudará de forma "efectiva a la
contención y prevención de los contagios en pacientes y usuarios.
La actualización de la cartera de servicios comunes requeriría un acuerdo previo del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ua vez impulsada por la medida por Sanidad, conforme dispone el Real Decreto 1030/2006.
Con la inciativa, que será sometida a debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo, la formación pone enfásis en las medidas de detección precoz y su importancia en el
control de las fuentes de infección, tal y como relata el Capítulo V de la Ley 2/2021. "Si el objetivo es ampliar la capacidad diagnóstica, la utilización de pruebas rápidas de antígenos y de anticuerpos puede ser una herramienta muy eficaz para conseguirlo", argumentan, solicitando que su financiación sea "pública como medida de excepción en el marco de la actual situación".
Exención de pago en ciertos colectivos
Recuerda además que la cartera de servicios comunes de prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, lo cual, encajaría con los t
est de diagnóstico Covid-19.
Además, el artículo 7 del Real Decreto 1030/2006 permite ya la exención de pago en colectivos como pensionistas y colectivos asimilados, afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad, así como en tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Por tanto, el partido considera que el Covid-19 estaría recogido en esta casuística ya que la situación de infección endémica "hace imposible determinar el modo, lugar o circunstancias en que una determinada persona puede o no contagiarse por el SARS-CoV-2"
Por ello, creen que las pruebas de diagnóstico, una vez demostrada su efetividad, deberían estar totalmente financiadas, en forma de exención de aportación económica por razón de su adquisición en las farmacias, dada la total excepcionalidad de la actual crisis sanitaria, "que ha afectado catastróficamente a todos los ámbitos de la vida social".
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