El caso de
Noelia Castillo, la joven catalana que murió el 26 de marzo tras recibir la eutanasia después de
dos años de periplo judicial, ha generado un intenso debate, desde formaciones de la izquierda que se abren a reformas para mejorar la implementación de la eutanasia hasta el arco de la derecha, que cuestiona esta medida.
Fue en el año 2021 cuando
Cataluña creó la secretaría encargada de controlar, con carácter previo y posterior, el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la prestación de la ayuda para morir y resolver en vía administrativa las reclamaciones que se planteen. Ahora, en un movimiento de
fiscalización política, Vox ha solicitado la comparecencia de
34 miembros de la
Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en Cataluña, al ser el órgano que validó la solicitud de la joven.
Comisión de Garantía y Evaluación
El partido ha solicitado la
comparecencia de la Comisión con el objetivo de que “informen sobre el funcionamiento de este comité, el proceso de elección de sus miembros y los procedimientos y mecanismos de toma de decisiones y emisión de informes”. En total, son 34 las personas cuya asistencia a la Cámara ha solicitado
Vox. En cuanto a su composición, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña está presidida por
Albert Tuca y cuenta con
Francesc José María en la vicepresidencia, mientras que la secretaría recae en
Josep Maria Busquets.
El órgano se completa con un amplio cuerpo de vocales de carácter multidisciplinar, integrado por profesionales de distintos ámbitos: seis miembros titulares y seis suplentes del área de
Medicina, otros seis titulares y seis suplentes del
ámbito jurídico, dos titulares y dos suplentes de Enfermería, así como un representante titular y uno suplente de
Trabajo Social,
Psicología y de la sociedad civil, respectivamente.
Los senadores de Vox han solicitado la comparecencia de los 34 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de la ley de Eutanasia en Cataluña. Esto constituye un paso más en la oposición de Vox a la
Ley de Eutanasia, una norma que ya ha intentado derogar en varias ocasiones. Con todo, el objetivo es detectar posibles irregularidades o cuestionar la neutralidad y el rigor del sistema encargado de aplicar la ley en Cataluña.
Por su parte, el Ministerio está pendiente de la aprobación del
Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tras su aplazamiento en la última reunión. Por otro lado, la ministra ya afirmó que se estudiarían posibles fugas en la
Ley de Eutanasia, para evitar que se repitan casos como el de la barcelonesa, que tuvo que esperar 20 meses desde que recibió la validación de la
Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente.
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