Vox no 'entierra' la Ley ELA pero asume que sus opciones "no son muchas"

La Ley ELA continúa encallada en el Congreso de los Diputados. El Gobierno central ha rechazado tomar en consideración la propuesta de Vox para ‘sacarla del cajón’, entre otros motivos, por el impacto que ello provocaría en las Cuentas estatales, según reveló este martes la formación de Santiago Abascal. Fuentes del partido sostienen, pese a ello, que insistirán en el desarrollo de esta norma.

“Seguiremos trabajando para que los pacientes de ELA puedan subsistir de manera digna”, apunta a Redacción Médica la diputada Rocío de Meer, quien asume que las “facultades parlamentarias” de la formación para recuperar la ley relativa a la Esclerosis Lateral Amiotrófica “no son muchas”.

“No podemos presentar el mismo texto, pero nuestro papel político va a seguir enfocado a trabajar por estos pacientes”, incide la diputada de Vox, quien acusa al Gobierno central de haber rechazado la proposición por “decisiones políticas”.

Los conservadores llevaron el pasado octubre a la Cámara Baja esta proposición para ‘sacar del cajón’ la Ley ELA, que sigue sin cristalizar pese a que fue aprobada por unanimidad en 2022 (fue llevada al Congreso por Ciudadanos). Desde entonces, su tramitación se ha prorrogado en 49 ocasiones.

En su propuesta, los de Abascal reclamaron también por ampliar el alcance de la norma, de forma que amparara no solo a pacientes de esta enfermedad sino también a otras personas en situación de ‘gran dependencia’.

Impacto económico de la Ley ELA

Este martes trascendió, sin embargo, que el Ejecutivo central ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley de Vox por el impacto presupuestario que esta generaría, que se sitúa en los 38 millones de euros.

En su justificación del veto a la proposición, el Gobierno recuerda que "el reconocimiento del grado de discapacidad y el nivel de dependencia se lleva a cabo con baremos, procedimientos y órganos diferentes", y que los términos 'discapacidad' y 'dependencia' no son sinónimos.

En este sentido, sostiene que la iniciativa pretende la asimilación al grado mínimo de discapacidad (33 por ciento) de las personas que hayan sido valoradas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, y con independencia de que sea efectivo o no el derecho a prestaciones.

Consultada al respecto, Rocío de Meer incide en que se trata de una decisión “política”. “Es verdad que el Gobierno tiene derecho a rechazar iniciativas que supongan un aumento presupuestario. Pero también pueden no hacerlo, y lo cierto es que en pasado se aprobaron iniciativas de PP y Cs que también suponían un coste”, alega la diputada de Vox.