El
Congreso de los Diputados ha
rechazado este jueves la enmienda introducida por el Senado a la Proposición de Ley para la mejora de la protección de las personas
donantes en vivo de órganos y tejidos. Con 177 votos en contra, 136 a favor y 33 abstenciones, la Cámara Baja ha optado por
mantener el texto original de la ley, tal como fue aprobado previamente en el Congreso, y descarta así la evaluación adicional en el plazo de dos años y la posible ampliación de su ámbito de aplicación a colectivos excluidos, propuestas por el Partido Popular y avaladas por unanimidad en el Senado.
La ley, que establece un marco de
protección específico para los donantes vivos, fue diseñada para reforzar el
liderazgo de España en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos. El texto aprobado inicialmente en el Congreso incluía una disposición adicional que obliga al Gobierno a realizar una
evaluación de los efectos de la norma en un plazo de dos años. Sin embargo, no establecía la obligación de remitir dicho informe a las
Cortes Generales, punto de que el Partido Popular quiso incorporar con su enmienda en el Senado.
Es por esto que la modificación propuesta por el PP añadía que el informe no solo debería ser elaborado por el Gobierno, sino también remitido a las
Cortes Generales. Además, añadía la posible extensión de los beneficios de la ley a
colectivos actualmente excluidos, como los trabajadores
autónomos. Esta enmienda fue aprobada en el Senado por unanimidad el pasado miércoles cuatro de diciembre, pero su inclusión dependía del visto bueno del Congreso, que finalmente la ha rechazado.
Argumentos en torno a la norma de protección de donantes
Durante la sesión celebrada este jueves en el Congreso,
Antonio Cavacasillas, diputado del PP, ha querido defender la importancia de la enmienda como una
medida de control con el fin de otorgar al
poder Legislativo la función de modificar la normativa, en lugar de que esto recaiga en manos del poder Ejecutivo. “¿No van a respetar la separación de poderes?”, ha cuestionado el diputado popular.
Además, Cavacasillas ha acusado al Gobierno de utilizar esta proposición legislativa como “un
instrumento de carga ideológica” y ha criticado una falta de compromiso y de trabajo del Gobierno con otras cuestiones de actualidad política y sanitaria, como la crisis a la que se está enfrentando la mutualidad de los funcionarios,
Muface.
Por parte del PSOE,
María Mercè Perea ha acusado al PP de utilizar su mayoría en el Senado para
bloquear el progreso de la ley. “Lo que buscan es obstaculizar cualquier avance en la sanidad pública”, ha afirmado. Junto a esto, Perea ha recordado que esta ley es una herramienta clave para
proteger a los donantes vivos, en su mayoría
mujeres mayores de 50 años que donan a familiares o incluso a desconocidos. “Nuestra convicción política es no dejar a nadie atrás”, ha sentenciado.
El portavoz de Sumar,
Vicenç Vidal, también ha expresado su apoyo a la ley y ha destacado el valor de la misma. En su opinión, esta norma
reconoce la generosidad de los donantes y establece mecanismos para evaluar su impacto, asegurando que sea más inclusiva en el futuro. Junto a ellos, desde Vox, María de los
Reyes Romero ha defendido el reconocimiento a los donantes vivos como representantes de la “cultura de la vida” y ha elogiado la labor de la Organización Nacional de Trasplantes.
Con esta votación el
Congreso cierra el trámite legislativo de la ley, que será promulgada en su
versión original. La norma refuerza la protección de los donantes vivos, permitiendo que cerca de
1.000 personas al año puedan beneficiarse de medidas como bajas laborales específicas, permisos retribuidos para citas médicas y una compensación del 100 por ciento de su base reguladora durante el período de incapacidad.
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