Unidas Podemos ha presentado una enmienda para mejorar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo con el objetivo de vetar la participación de los
médicos que sean objetores de conciencia sobre el aborto en los
comités clínicos que evalúan las anomalías fetales incompatibles con la vida así como las enfermedades extremadamente graves. La formación que integra la ministra de Igualdad,
Irene Montero, ha incorporado esta nueva modificación cuando la norma entra en una fase decisiva para su debate definitivo en el
Congreso de los Diputados.
El grupo parlamentario morado ha mantenido el diseño de estos comités pluridisciplinares que actualmente los integran
dos médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia o en diagnóstico prenatal y
un pediatra. Sin embargo ninguno de ellos podrá formar parte del
nuevo registro estatal que identificará a los facultativos que sean objetores de conciencia ni tampoco haber formado parte de este grupo en
los últimos tres años, si finalmente se aprueba el texto.
“Se trata de asegurarse que realmente existe un
ejercicio de objetividad en cuanto a la toma de decisiones de dicho comité, que parece cuestionable si está conformado por algún profesional objetor de conciencia”, ha expuesto la formación en la justificación de motivos de la nueva enmienda.
Esta modificación cuenta además ya con el apoyo de algunos de los socios parlamentarios por excelencia del Gobierno. Tanto
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como
Junts han remitido también al Congreso sendas enmiendas para impedir que los objetores formen parte de este grupo, lo que allana el camino para que finalmente salga adelante. Solo entre las dos formaciones nacionalistas s
uman 19 diputados.
Paralelamente, Unidas Podemos también ha hecho una mención específica para que los médicos del comité clínico tengan la obligación de explicar con un
“fundamento racional” su decisión a la embarazada. Si una vez emitido el dictamen la paciente no está de acuerdo con la decisión, podrá
recurrir a la vía judicial para que puedan ser valoradas “otras variables más allá de la anomalía fetal”.
La vacuna del papiloma en varones
El nuevo rol del comité no es la única novedad que Unidas Podemos se ha reservado para la presentación de enmiendas. El grupo morado también ha aprovechado esta nueva fase parlamentaria para incluir un artículo nuevo que persigue que se financie y dispense en el conjunto de las comunidades autónomas la
vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) también para la población masculina. Un paso que
ya habían dado por su cuenta algunos territorios y que se lleva debatiendo durante la legislatura en el seno de la
Comisión de Sanidad.
El grupo morado ha utilizado como argumento la última recomendación del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas, que ya apuntaban a la “importancia” de garantizar que todos los jóvenes europeos tengan
acceso al fármaco para prevenir esta enfermedad.
Las enmiendas de los partidos a la ‘ley del aborto’
Más allá de la estrategia de Unidas Podemos como ideólogo de la conocida como ‘ley del aborto’, la fase de enmiendas también ha permitido poner sobre la mesa algunas de las propuestas del resto de grupos parlamentarios.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido directamente la devolución del texto legislativo, mientras que algunos de los socios habituales del Gobierno como Compromís, Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Bildu han pedido medidas complementarias para reforzar su papel.
Uno de los temas más recurrentes es la
prohibición de la gestación por subrogación o sustitución, algo con lo que no están de acuerdo formaciones como
Ciudadanos, PNV o Junts que abogan por sacar esta parte del articulado del proyecto de ley. También hay una llamada generalizada entre los grupos a aplicar un
IVA superreducido del 4 por ciento a todos los productos de higiene relacionados con la salud menstrual o a incluir una definición precisa sobre
la violencia obstétrica entre el articulado.
Compromís se ha erigido como uno de los grupos más propositivos. En sus enmiendas ha solicitado que se garantice la asistencia en
salud mental a las mujeres en caso de muerte perinatal, que se informe sobre la condición de objetor de conciencia desde el arranque de un embarazo, que se ofrezcan productos menstruales en los centros de salud o que se permita a las embarazadas negarse a
ser observadas por estudiantes de Medicina.
Por su parte, Junts ha pedido más transferencias autonómicas para materializar la ley o que el nuevo registro de objetores de conciencia se realice también en
los centros de salud de Atención Primaria. “Esta es una reivindicación del sector médico, el hecho que se tenga la información directamente en el centro facilita la gestión del servicio”, han apostillado.
Algo más rupturistas han sido las propuestas de formaciones como la CUP que ha pedido que se
elimine el aborto del Código Penal, que se creen comités para evaluar denuncias o se suprima el actual precepto de las 22 semanas de gestación. Mientras que desde el BNG se ha instado a eliminar directamente la objeción de conciencia de los médicos: “No compartimos que se siga garantizando el derecho a la objeción de conciencia.
Si el aborto es un derecho, el personal que ejerce su labor en la red pública de salud debe tener la obligación de garantizarlo”, han argumentado.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.